El diputado nacional José Luis Espert deberá prestar declaración indagatoria ante el titular del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una investigación penal por presunto lavado de dinero. La citación judicial, promovida por el fiscal federal Fernando Domínguez, tiene como objeto procesal determinar la validez de un ingreso de u$s200.000 que el legislador habría percibido a través de un convenio de consultoría con la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo, instrumento que el Ministerio Público Fiscal califica como un contrato simulado para incorporar fondos de origen ilícito al circuito financiero formal.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, las transferencias bajo sospecha habrían sido coordinadas por el empresario Federico «Fred» Machado, quien recientemente perfeccionó un acuerdo de culpabilidad con los tribunales de los Estados Unidos por maniobras de fraude y lavado de activos asociadas a transacciones aeronáuticas. Las auditorías contables incorporadas al expediente sugieren que el capital bajo análisis fue canalizado posteriormente hacia la adquisición de automotores de alta gama y la conformación de un fideicomiso inmobiliario en la localidad balnearia de Costa Esmeralda.

Antecedentes de la denuncia e inspecciones en sedes oficiales y particulares

Las pesquisas judiciales alcanzaron las dependencias del Congreso de la Nación y derivaron en modificaciones en la actividad política del imputado:

La causa penal tuvo su origen en el año 2023 a raíz de una denuncia radicada por el dirigente social Juan Grabois, en momentos en que Espert lideraba la nómina de candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. En el transcurso de las investigaciones operativas, la justicia federal ordenó el allanamiento de la residencia particular del dirigente en el partido de San Isidro y de su despacho oficial en la Cámara de Diputados, procedimientos que culminaron con el secuestro de soportes informáticos, agendas y dispositivos de telefonía móvil para su análisis pericial. Tras estas medidas, el legislador formalizó su pedido de licencia en la Cámara Baja.

El vínculo comercial y logístico entre Espert y Machado se remonta al período electoral de 2019, etapa en la que el empresario proveyó una aeronave privada para la realización de más de 30 traslados de campaña, además de aportar un vehículo con blindaje táctico y asistencia financiera para la edición de material editorial; hechos que se tramitan de forma separada en un legajo paralelo. Para la presente jornada de audiencias, las citaciones del magistrado federal se hicieron extensivas al contador Mariano Cosentino y a los directivos de la firma Varianza S.A., sociedad comercial señalada por los peritos como una de las presuntas herramientas de triangulación de activos.