A través del Decreto 612/2026, el Poder Ejecutivo modificó los criterios de aplicación sobre las cuotas solidarias y las contribuciones convencionales destinadas al financiamiento de sindicatos y obras sociales. La medida, acordada en el marco de tratativas reservadas lideradas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, amplia la base de cálculo sobre la que se aplica el tope del 2 % fijado en la Ley de Modernización Laboral, ampliando la fórmula para que comprenda a las sumas remunerativas normales y habituales en lugar de limitarla únicamente al salario básico.

La nueva norma dejó sin efecto las restricciones más severas introducidas en la reglamentación previa del marco laboral, las cuales amenazaban con reducir de manera sustancial la recaudación de las entidades gremiales. A su vez, la disposición presidencial determinó que los aportes patronales con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales queden excluidos del cómputo del tope global, condicionando su vigencia a una administración y rendición documental diferenciada de las arcas sindicales generales.

La resolución oficial representa un giro pragmático de la Casa Rosada orientado a distender la relación con el sindicalismo antes de la movilización convocada por la central obrera al Congreso de la Nación. Con este decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, la conducción cegetista preservó las fuentes centrales de financiamiento de la estructura gremial y las obras sociales en medio de la reestructuración del modelo de negociaciones colectivas.