Fiel a su receta de desprotección y desmantelamiento del Estado, el Gobierno nacional oficializó una nueva y polémica medida bajo el trillado discurso de la competitividad y la baja de costos. A través del Decreto 690/2026, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eliminó regulaciones clave sobre los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos y canales del país, abriendo la navegación soberana al libre mercado y flexibilizando controles históricos.

Frases grandilocuentes y desprecio por las estructuras de control

Con el tono soberbio que caracteriza al equipo económico oficialista, Sturzenegger intentó justificar la entrega normativa atacando el marco regulatorio vigente y tildando a los controles históricos de «kiosco regulatorio». Bajo el argumento de flexibilizar el ingreso de prestadores y eliminar barreras de entrada, la medida deja en manos de las dinámicas del mercado un servicio crítico para la seguridad marítima y la logística de las vías navegables.

Entre los puntos más insólitos de la normativa se destaca la flexibilización de las exigencias técnicas para las embarcaciones de transporte de prácticos y la ampliación de los límites para que buques de gran porte queden exceptuados de la obligatoriedad de contratar personal especializado.

Puertas abiertas a extranjeros y mayores riesgos de navegación

En un claro gesto de desapego por los estándares nacionales de soberanía fluvial, el decreto reconoce la experiencia de capitanes extranjeros por sobre los profesionales locales habilitados, desmantelando la segmentación geográfica de los trayectos. Lejos de garantizar un esquema de desarrollo sólido, la gestión libertaria vuelve a poner en riesgo la seguridad técnica en los ríos y puertos argentinos en favor de un ajuste desmedido que beneficia principalmente a los sectores agroexportadores e intermediarios del comercio exterior.