Decenas de miles de manifestantes marcharon por las calles de Palma para rechazar la masificación turística e imponer un debate sobre los límites ecológicos y sociales de las Islas Baleares. La movilización, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, reunió a entre 25.000 personas —según la Policía Nacional— y 70.000 —según las entidades organizadoras—, marcando un récord histórico de convocatoria en la región.

El impacto de la «turistificación» en la vida cotidiana

Bajo consignas como «Mallorca no se vende, se defiende», organizaciones ecologistas, sindicales y vecinales denunciaron que el actual modelo de crecimiento económico ha transformado la isla en un territorio inaccesible para sus propios habitantes.

Entre los principales reclamos que motivaron la marcha se destacan:

• Crisis de habitabilidad: La proliferación de alquileres vacacionales y la especulación inmobiliaria han reducido drásticamente la oferta de viviendas permanentes, elevando los precios de los alquileres.
• Saturación de servicios e infraestructura: Redes de transporte, consumo de agua, gestión de residuos y centros sanitarios registran altos niveles de presión durante la temporada alta.
• Precarización laboral: Organizadores advierten sobre el deterioro de las condiciones de trabajo y salarios que no compensan el elevado costo de vida local.

El debate sobre el «decrecimiento turístico»

Las agrupaciones convocantes aclararon que la protesta no apunta contra los visitantes en particular, sino contra un modelo económico que prioriza la llegada incesante de turistas por sobre la sostenibilidad territorial. En este contexto, el colectivo exige aplicar medidas directas de «decrecimiento turístico», que incluyan la reducción paulatina de plazas hoteleras y la limitación a la entrada de vehículos y cruceros.

El fenómeno de la turistificación en Mallorca refleja un malestar social en aumento que ya se replica en otros destinos turísticos de España como las Islas Canarias y Barcelona, reabriendo la discusión sobre el equilibrio entre la rentabilidad del sector y la calidad de vida comunitaria.