El Gobierno de Javier Milei trabaja en la elaboración de un nuevo decreto para reglamentar los procedimientos de cancelación de residencias y expulsión de extranjeros que incurran en discursos de odio, incitación a la violencia por nacionalidad o agravios a símbolos patrios. La iniciativa busca instrumentar de forma efectiva las causales migratorias incorporadas a la legislación mediante el DNU 681/2026.

Criterios de aplicación y marco de control

La reglamentación definirá los mecanismos operativos para aplicar la normativa sin vulnerar las garantías constitucionales. Se contempla la utilización del sistema de alertas migratorias mediante el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), en coordinación con las fuerzas federales como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. A su vez, la normativa excluye de manera explícita las críticas políticas, académicas, ciudadanas y las manifestaciones de disenso ideológico amparadas por la Constitución, por lo que el decreto deberá establecer parámetros objetivos para diferenciar una opinión de una incitación efectiva a la violencia. Finalmente, antes de concretar la cancelación de una residencia o una deportación, el proceso deberá contemplar instancias de revisión administrativa y judicial.