La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que dictamine sobre la competencia territorial y material de su juzgado y evalúe el carácter colectivo de la demanda presentada para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La acción fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados Ambientalist

as contra las firmas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes.

Antes de pronunciarse sobre la medida cautelar que busca suspender las tareas de exploración y explotación en la plataforma continental argentina contigua a los archipiélagos, la magistrada dispuso que el fiscal analice la jurisdicción del tribunal frente a empresas radicadas en el exterior y bajo el amparo de tratados ambientales internacionales. Asimismo, la fiscalía deberá verificar si la presentación cumple con los requisitos del Reglamento de Procesos Colectivos fijado por la Corte Suprema de Justicia, considerando la tutela de derechos ambientales colectivos invocada por las organizaciones accionantes.