La noticia generó quejas en el bloque del radicalismo. Sin embargo, sus referentes ya habían sido advertidos en 2019 por este tema. Esto fue lo que ocurrió.

   

La vicepresidenta Cristina Kirchner despidió a 40 empleados de planta temporaria del Senado que figuraban como asesores del bloque de la UCR. Lo hizo porque durante dos años no se conectaron a trabajar por la plataforma Zoom en ninguna dependencia y, de esa manera, eran considerados «ñoquis», tal como se conoce en la administración pública a quienes cobran su sueldo y no desempeñan sus tareas.

Desde el Senado recordaron que todo comenzó en 2019, cuando la secretaria administrativa de la Cámara, María Luz Alonso, reunió a los jefes de bloque y les explicó a los referentes del radicalismo que había una planta desproporcionada de asesores. El mensaje era claro: debían prescindir de ellos o buscarles tareas que justificaran su sueldo.

Sin embargo, nada cambió con los 40 asesores de la UCR y durante la pandemia no se conectaron a ninguna reunión virtual para prestar servicios. Al cabo, Alonso firmó a principios de enero una resolución para cesantearlos y la UCR filtró la noticia en las últimas horas.

Senado: qué dijeron en el radicalismo tras el despido de 40 asesores

Desde la bancada que conduce Luis Naidenoff consideraron que esa decisión fue «una venganza» por no haber avalado la ley de Bienes Personales, sancionada el último 29 de diciembre. No sólo eso: también reclamaron que se aplique la misma vara con los contratos del oficialismo. Según el radicalismo, gran parte de personal quedó sin cumplir tareas durante el tiempo que el Senado canceló sus actividades presenciales por la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020.

En aquella sesión, vale recordar,  Juntos por el Cambio apostó a que fracasara el tratamiento de las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales, luego de que el oficialista Guillermo Andrada (Catamarca) diera positivo en el test PCR de coronavirus previo a la reunión. Ante ese escenario y la falta de quorum, el Frente de Todos hizo gestiones de urgencia y logró que la peronista disidente Clara Vega (La Rioja) colaborara para habilitar el debate en la Cámara Alta.

El recinto no abrirá hasta el 24 de febrero próximo y sólo lo hará para el acto protocolar de elegir autoridades. Hasta ahora, no hay consenso para el tratamiento de nuevas leyes.