Durante la reunión de la Comisión de Juicio Político, se aprobó la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El proceso de Juicio Político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue avanzando. A pesar de la oposición y la falta de acuerdos en el recinto, los diputados del Frente de Todos continuaron con el proceso, considerado uno de los motivos más aglutinadores del bloque oficialista.
La reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, inició este jueves y aprobó la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con mayoría en la comisión, el Frente de Todos aseguró el aval del enjuiciamiento con 16 votos a favor y 15 en contra, lo que implica la posibilidad de la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces de la Corte Suprema.
Hay una excepción dentro del bloque opositor, ya que los legisladores Juan López y Paula Olivetto, pertenecientes a la Coalición Cívica, avalaron el proceso contra el juez Lorenzetti, argumentando los expedientes presentados por su partido en el 2016. La resolución final de la comisión admite el proceso a los cuatro jueces de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan en la misma.
El proceso de Juicio Político continuará con un período de investigación, recolección de pruebas y testimonios para concluir si se emitirá un dictamen acusando a cada uno de los jueces de la Corte. Se espera que esta etapa se extienda al menos tres meses. El dictamen de la comisión de Juicio Político tiene validez durante tres años, por lo que el proyecto podría ser debatido en la Cámara de Diputados en ese plazo.
A pesar de la situación actual, el oficialismo no cuenta con la mayoría especial necesaria para aprobar el Juicio Político, es decir los dos tercios de los legisladores presentes. Sin embargo, la marcha realizada el 1° de febrero con el lema «Fuera la mafia judicial» demuestra la importancia del tema para la sociedad y el interés en avanzar con el proceso de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema.