Una a una, todas las falacias, las inconsistencias en los fundamentos del fallo, las declaraciones de los testigos que desarmaron la acusación, el show de los fiscales y las pruebas inexistentes.

   

Por Página 12.- Quienes asistimos a todas las audiencias del juicio por la obra pública en Santa Cruz nos sorprendimos con los fundamentos que dio a conocer el Tribunal Oral Federal 2 y, más aún, con la nota que publicó el diario La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, defendiendo a los magistrados. Sucede que el fallo mismo desató una catarata de críticas porque los jueces afirmaron -textualmente- que no tienen pruebas directas, que lo que existen son sólo indicios y que condenaron en base a la sana crítica.

El TOF 2 necesitaba quien lo defienda y La Nación se tiró sobre la granada, incluso diciendo que los que cubrimos el juicio instalamos una realidad inexistente. A lo largo de cuatro años contamos -día por día, Página12 publicó casi 200 notas- que los fiscales venían fracasando en cada una de las audiencias; los testigos -incluyendo los convocados por Diego Luciani y Sergio Mola- les declaraban en contra y desmontaban la hipótesis acusatoria. Los jueces, entonces, tuvieron el arduo trabajo de sustentar una condena -nítidamente política- en base a pruebas inexistentes y a una fiscalía que no pudo aportar nada.

La nota de La Nación trata de instalar cuestiones que, supuestamente, falseamos quienes seguimos el juicio.

1. No hay mensajes directos ni mails ni testigos que relacionen a Cristina con la obra pública de Santa Cruz.
La Nación toma el tramo en que los jueces ridiculizan esa cuestión. “¿Qué esperaban? ¿Mensajes directos entre la presidenta y el secretario de Obras Públicas, José López?”, resumieron los jueces. Lo primero que surge es ¿por qué no? ¿por qué no podría haber mensajes entre una presidenta y un funcionario suyo? Pero, además, no hay ninguna otra evidencia. Ni un testigo que hubiera contado alguna sugerencia presidencial, una indicación, una llamada, un correo electrónico referido a las obras. Nada. Ni los propios testigos macristas -que fueron muchos- dieron siquiera un indicio de que Cristina haya intervenido de alguna manera.

2. Nadie dijo que Lázaro Báez era cajero de un banco.
La Nación defiende a los jueces y sobre todo a los fiscales porque la defensa de Báez salió a contestar ese argumento. El concepto de que Báez era cajero fue publicado mil veces y la verdad que no es el punto: quisieron instalar que era un simple empleado de décima categoría y las defensas replicaron que fue el gerente general del Banco de Santa Cruz, cuando esa entidad era privada. Este último tema tiene cierta relevancia. Cuando la principal constructora de Santa Cruz, Gotti Hermanos, entró en una gravísima crisis -curioso que en todo el fallo los jueces no recuerdan la situación de 2001-, hubo que reprogramar la deuda de esa constructora con el banco: nueve millones de dólares. Se hizo un plan, pero el banco puso a Báez como una especie de interventor. Es decir que antes de fundar Austral Construcciones, Báez ya tenía un pie en todo lo referido a la obra pública. Eso quedó reflejado en las audiencias, en el juicio. No era que asumió Néstor Kirchner y Báez metió un pie en la obra pública.

Por supuesto que ningún testigo mencionó que Néstor o Cristina Kirchner hubieran intervenido en el proceso por el cual Báez terminó yéndose del banco y comprando otras constructoras. Es más, los dueños de esas constructoras declararon bajo juramento en el juicio y contaron que se querían sacar las empresas de encima porque venían de la crisis de 2001, tenían deudas, y en dos casos habían fallecido los padres que manejaban el funcionamiento cotidiano.

3. Lázaro Báez logró una concentración de obras inusual en Santa Cruz.
Sin que se hubieran exhibido ni discutido en el juicio, los magistrados incorporaron unos gráficos, supuestamente originados en Vialidad Nacional, que demostrarían que Báez acumuló obras en Santa Cruz muy por encima de lo normal. Otra vez, los jueces se lanzaron a adjetivar y no respondieron a lo que vimos en las audiencias. Los empresarios -también Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri- dijeron que era lógico el dominio del grupo Báez, porque tenía una enorme dotación de personal y contaba con las máquinas en la propia provincia (3.000 empleados y 850 máquinas), con lo que tenía decisivas ventajas comparativas en los costos. Ocurría lo mismo en otras provincias. Los gráficos que aparecen en los fundamentos no fueron mostrados en el juicio ni siquiera por los fiscales. O sea, los magistrados, que deberían estar en el medio de los fiscales y las defensas, se pusieron en lugar de los fiscales y exhibieron una “prueba” -los gráficos- que nunca se exhibió ni se discutió.

Más allá de lo publicado por La Nación, el matutino elude otro punto clave. Báez ganó las 51 licitaciones y en todas hubo competidores que no eran sus empresas: Petersen, Equimac, Esuco. Los jueces sugieren que estas empresas se prestaron a hacer un simulacro de licitaciones, pero no presentaron ninguna prueba ni explicaron por qué las empresas harían eso. Y lo que correspondía, en todo caso, era que denunciaran a esas constructoras como cómplices de una supuesta maniobra. Ni los jueces ni los fiscales presentaron ninguna denuncia, porque no tienen cómo sostenerla.

4.- La modificación de las obras y los recálculos.
Los que no siguieron el juicio no pudieron ver lo que una y otra vez opinaron los testigos. Pero no testigos de las defensas sino empresarios de la construcción, que a lo largo de los años fueron enemigos de Báez. El santacruceño nunca entró a la Cámara de la Construcción y les hacía la vida imposible porque no pactaba los valores de las obras. Aun así, esos empresarios -incluyendo a Angelo Calcaterra- declararon, bajo juramento de decir verdad, que las modificaciones de obras fueron normales, que se daban todo el tiempo porque en el trazado se encontraban con caños, cables y obstáculos impensados o porque había dificultades en la expropiación de terrenos, muchas veces ocupados por viviendas humildes. Incluso hubo estancieros que se negaron a la expropiación de pequeñas franjas de terreno de sus campos y el plan original no se podía cumplir.

De todas maneras, vale una pregunta reiterada: ¿qué tenía que ver Cristina Kirchner con modificaciones de obras y recálculos que se hicieron en Santa Cruz? Fue allí, en la provincia, que se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron las obras.

5.- Adriana Alperovich, ingeniera, perita de la defensa, “su testimonio no resiste el menor análisis técnico”.
Nuevamente La Nación transcribe lo que dicen los jueces, todo siempre lleno de adjetivos, y no puede verter la opinión de un solo periodista de ese medio que haya visto las audiencias. El acento lo ponen en que la perito presentó una “bibliografía guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Pero eso no se usó en el juicio ni lo cuestionaron los fiscales. O sea, los jueces reemplazaron, una vez más, a Luciani y Mola.

En particular pudo verse lo siguiente: en las audiencias en que estuvieron presentes, al mismo tiempo, los tres peritos; Eloy Bona, por parte del Tribunal, Roberto Panizza, representando a la fiscalía, y Alperovich por las defensas, ésta última demolió a sus colegas. Página/12 que presenció esas audiencias fue muy cauto, pero Bona y Panizza no hicieron más que balbucear, retractarse y reconocer errores en sus cálculos. Bona -aquel que twiteaba contra Cristina antes del juicio- hizo el cálculo de sobreprecios comparando los tramos con licitaciones realizadas varios años después y en rutas en las que Austral ya había construido parte de la obra que se licitaba. El ingeniero Panizza hizo la evaluación en base a la revista El Constructor, cuyos parámetros están pensados para rutas cortas en la Provincia de Buenos Aires. Panizza llegó a decir que no había mucha diferencia entre una obra en territorio bonaerense y una ruta construida a 1.800 kilómetros de Buenos Aires.

Nuevamente, habría que arrancar señalando que las obras, la adjudicación de las rutas y también los valores que se adjudicaron, todo se hizo en Santa Cruz sin intervención alguna de Cristina. Ni siquiera la expresidenta tenía facultades para adjudicar o incidir en la adjudicación.

6. Las polémicas sobre los mensajes de José López.
Quienes presenciamos todas las instancias del juicio nos asombramos cuando los fiscales basaron gran parte del alegato final -tras cuatro años de audiencias- en unos pocos mensajes encontrados en el celular de José López, procedentes de la causa de los nueve millones de dólares que tiró en el convento de General Rodríguez. La Nación transcribe a los jueces cuando éstos se lanzaron contra las defensas a raíz de la polémica sobre la validez o no de los mensajes como prueba. Es una cuestión totalmente secundaria. La Nación encubre a los fiscales y magistrados cuando eluden lo central: en cuatro años de juicio, Luciani y Mola jamás mencionaron los mensajes ni formaron nunca parte de la acusación. No los plantearon como una evidencia ni como prueba de nada. Lo hicieron únicamente en su alegato final. Y cuando Cristina quiso contestarles, porque nunca se la había indagado por aquellos mensajes, los jueces no se lo permitieron.

CFK entonces tuvo que responder en una especie de cadena nacional que convocó al efecto. Reveló en aquel momento que los mensajes entre Julio Mendoza, gerente de Austral Construcciones; el propio Lázaro Báez y José López eran ínfimos, comparados con cientos y cientos de mensajes entre López y las demás empresas constructoras, en especial las más ligadas al macrismo. O sea, era habitual que los empresarios le pedían cosas a López, sobre todo las vinculadas con el expresidente y sus amigos.

7. El contenido de los mensajes
La cuestión de los mensajes no era si son válidos como evidencia, sino que no prueban nada de nada. Supuestamente indican que Vialidad de Santa Cruz le firmó numerosos certificados de obra a las empresas de Báez a fines de noviembre de 2015, algo que es natural y obvio cuando faltaban dos semanas para dejar el gobierno: “por favor, fírmame las obras que hice antes de irte”, debe haber sido el pedido. Certificar obras hechas no significaba, para nada, que le paguen: el abogado de CFK, Alberto Beraldi, probó que a Báez no se le pagó ni un peso en el final del mandato de Cristina. Y si estamos ante una causa de defraudación, al no haberse transferido fondos, no existe tal defraudación en ese tramo.

8. Testigos guionados
La auditoría interna de Vialidad, convocada por el macrismo a principios de 2016, determinó que a Báez no se le pagó nada que no hubiera construido. Eso lo declararon los tres auditores. Pero los jueces, con el acompañamiento de La Nación, dan a entender que “hubo testigos que seguían un libreto” y que los que seguimos el juicio sobrevaloramos el testimonio de uno de esos auditores, Justo Pastor Romero.

Sus palabras, datos y el contenido del informe fueron tan contundentes, que los jueces hicieron un poco de parafernalia, pero en concreto no le imputaron falso testimonio ni nada parecido. Y tampoco lo pudieron hacer con otros testigos. Ni uno solo.

9. Otra “prueba” que apareció poco y nada en el juicio
La maniobra de poner en el fallo pruebas que no se mencionaron, o casi no se mencionaron, en los cuatro años del juicio se extiende a lo que los jueces señalaron como la evidencia de las evidencias: que Cristina firmó el decreto 54 del año 2009. Supuestamente, con esa norma se habilitaron los convenios para las obras de Santa Cruz con la utilización de fondos de un fideicomiso originado en un impuesto al gasoil. Y, además, según los fiscales, ese fideicomiso no figuraba en los presupuestos anuales y no tenía control del Congreso. Ni Luciani ni Mola mencionaron nunca el decreto como la gran prueba, la evidencia clave que -según el tribunal- vincula a Cristina con la defraudación. Las defensas en sus alegatos contestaron a la existencia del 54/2009 como una prueba más. Por de pronto, el decreto no fue firmado sólo por Cristina, sino también por Sergio Massa y Julio De Vido, ninguno de los cuales fue imputado de nada.

Pero, sobre todo, a partir del decreto se hicieron 500 convenios en todo el país y menos de diez en Santa Cruz. El gran objetivo fue hacer acuerdos con municipios, principalmente de la Provincia de Buenos Aires. Todas las obras hechas con fondos del fideicomiso figuraron en las leyes de presupuesto, año tras año, lo que desmiente otra de las acusaciones fiscales.

El apriete a los defensores
La Nación sale a defender la maniobra de fuegos artificiales y adjetivos de los jueces en cuestiones secundarias, de forma y en temas que no se trataron en el juicio. El matutino pasa por encima un hecho de máxima gravedad: los magistrados tiran esos chasquibúm para, de inmediato, en base a esas cortinas de humo, lanzarse contra los abogados defensores y mandarlos al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados apuntando a que les quiten la matrícula. El argumento de que no se trató de una denuncia es ridículo: ni en el colegio secundario lo mandaban a uno a dirección si no era en base a una supuesta mala conducta.

Este cronista -insisto- siguió todas las audiencias. Todas. En ninguna, los jueces advirtieron o amonestaron a los letrados. Estos siempre fueron más que respetuosos, con el tribunal y con los fiscales. Por lo tanto, la amenaza de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, no es más que un apriete. Comodoro Py es una cancha inclinada: el mensaje es que los imputados tienen todas las de perder y que sus defensores, además, corren riesgos.