Desde el bloque del Frente de Todos volvieron a plantear que Rodríguez Simón sea expulsado del Parlamento del Mercosur.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró «inadmisible» el recurso de Casación interpuesto por el exasesor judicial macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, quien buscaba se habilitara su solicitud de refugio político. Tras esto, se reactivó también el perdido de expulsión del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
Desde el bloque del Frente de Todos volvieron a plantear que Rodríguez Simón sea expulsado del Parlasur.
«Es una afrenta para todos los parlamentarios que una persona que está prófuga siga siendo parte del cuerpo», aseguró la legisladora del Parlasur por el FdT, Elena Corregido.
En julio pasado, la Comisión de Refugiados (COE) también había rechazado el pedido refugio político.
Al tratar su expulsión del Parlasur, el presidente de la entidad consideró que no era momento de tratar el tema y que se iba a incluir en el temario de la sesión prevista para mayo, algo con lo que 50 de los 53 presentes estuvieron de acuerdo.
Rodríguez Simón, exasesor de Macri, permanece en Uurguay desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio “Pepín” anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.
El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la justicia argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
Al día siguiente, Rodríguez Simón se presentó ante la justicia uruguaya para ponerse a disposición y, sobre todo, para anunciar que había iniciado el tramite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un «refugiado político», algo que le sería esquivo.
Desde junio del 2021, «Pepín» Rodríguez Simón debió entregar sus pasaportes ante la justicia uruguaya que, además, dispuso el cierre de fronteras para evitar que el acusado por la justicia argentina se fuera a otro país cuando ya tenía emitida una alerta roja de Interpol.
En agosto de ese año, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso.
Con ese informe en su poder, el 23 de diciembre del 2021 la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político.
En junio del año siguiente, ese fallo de primera instancia sería confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, que luego sería recurrida por la defensa de «Pepín».
«Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse», sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones que rechazaron el planteo.
Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, remarcó que Rodríguez Simón «dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021» y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
La jueza detalló que el imputado tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.
En la causa se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción», según surge de la imputación que obra en la causa.
Con información de Minuto1.