Con 65 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones, la Ley Lucio adoptó formalmente el carácter de norma y establecerá la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencia contra niños.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, también conocida como Ley Lucio, en honor al pequeño Lucio Dupuy, asesinado a golpes por su madre y su pareja. El tablero contó con 65 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones.
La ley establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos los empleados públicos y funcionarios en todos los niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su objetivo es velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, la ley busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales. Con su aprobación, el Poder Ejecutivo y el Judicial deberán elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
Este protocolo tiene como objeto unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia. La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
Durante la sesión, los familiares de Lucio Dupuy estuvieron presentes y celebraron la aprobación del proyecto, que busca evitar que más niños, niñas y adolescentes sufran situaciones de violencia y garantizar el pleno respeto de sus derechos.