Un sinfín de irregularidades detectó el organismo establecido por la Constitución Nacional para controlar la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal.

   

Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio de 2018, durante la gestión de Maurucio Macri, por un monto de casi 57 mil millones de dólares, y fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicarlo a gastos presupuestarios en general. Lo suscribieron el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central.

Según la Auditoría, se trata de un “préstamo extraordinario y excepcionalmente alto, el más grande de la historia de Argentina, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país con el Fondo, pero además acrecentó su vulnerabilidad y aumentó riesgos de la estructura de la cartera de deuda Argentina con comisiones y gastos por más de 13 mil millones de pesos, equivalente al 52% del Conicet de 2018 y el 39% en 2019”.

Investigación de la Auditoría

El informe tuvo como objeto principal evaluar si el acuerdo se hizo mediante procesos y procedimientos con una gestión eficiente de la deuda: eficiencia, transparencia, efectividad, endeudamiento responsable, sostenimiento de la deuda pública e impacto en la solvencia.

Además revela que “el Ministro de Hacienda no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública, no se cumplió el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera que exige al Banco Central -en caso de endeudamiento externo- emitir un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, ni que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni pasó por el Congreso”.

No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control-supervisión de los préstamos.

La Jefatura de Gabinete de ministros no intervino en esta negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial, el Ministerio de Finanzas que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna porque desde la división de los ministerios, no existió dicha área en relación con la deuda pública.

No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo.

Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión “no fue efectivo ni eficiente” para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación a los montos de moneda extranjera subastados provenientes del FMI.

Casi el 30% de los desembolsos se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda.