El hombre de Patricia Bullrich se presentó en tribunales, a pesar de que no está formalmente imputado, con un abogado defensor. Al legislador de Juntos por el Cambio se lo investiga por una supuesta alusión al intento de magnicidio pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso Nacional.

   

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman designó abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado y en la cual se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, que supo ser abogado de Gendarmería. Según fuentes judiciales informaron a Télam, la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo habría aceptado.

La decisión de Milman, que no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora el diputado nacional quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación».

«Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)», sostuvo Milman en la presentación a la que accedió Télam.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga y en el marco del cual el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.

La decisión de los fiscales que puede cambiar la suerte de Milman

Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Milman no está imputado en la causa. La jueza sostuvo además que el ex número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad tiene fueros parlamentarios, como diputado nacional por el PRO, por lo que habría que iniciar un proceso en la Cámara de Diputados.

Esta decisión fue apelada por el fiscal Carlos Rívolo y recibió el acompañamiento del fiscal antes la Cámara de Apelaciones, José Agüero Iturbe, que pidió revocar la decisión de Capuchetti por ser «arbitraria» e ir «en detrimento de la verdad». La presentación de Milman en la causa se circunscribe en la previa de la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para resolver el secuestro del celular. 

El fiscal ante la Cámara de Apelaciones sostuvo queel pedido del secuestro del teléfono de Milman se basa en datos concretos de la causa y que está circunscripto a las «conversaciones y/o material digital» que permitan cotejar lo que dijo el testigo Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos), que abrió la «pista Milman» al testimonio que lo escuchó decir «Cuando la maten yo estoy camino a la costa» en el bar Casablanca días antes del atentado contra Cristina Kirchner. 

La «pista Milman»

Además, también se apunta a cotejar las conversaciones del diputado nacional con su secretaria Carolina Gómez Mónaco y su ex secretaria Ivana Bohdziewicz, quienes lo acompañaban aquel día. Bohdziewicz declaró semanas atrás que por orden de Milman fue con Gómez Mónaco a una oficia de Patricia Bullrich para que les borraran la informacieón de sus celulares, y que desde entonces Gómez Mónaco compró otro celular, que no había entregado al Poder Judicial y que Capuchetti sí aceptó secuestrar. 

El fiscal Agüero Iturbe acompaño el pedido de extraer datos sobre un período específico, desde el 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de este año, y que se debe limitar al caso en investigación. Fundamenta el pedido en que, además, no hay otra vía para acceder al contenido del celular y reconstruir el papel de Milman en el affaire. Tal como lo solicitó la querella de la vicepresidenta, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. 

La llamada «pista Milman» está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como «partícipe secundario», Gabriel Carrizo.

En ese dictamen Rívolo remarcó que debe seguir la investigación en pos de establecer si hubo autores intelectuales. Por su parte, la querella de la vicepresidenta pidió detener la elevación a juicio para investigar qué papel tuvo una integrante de Revolución Federal, conocida como «Dali Revolución», que ofreció cuatro veces a la organización y a su líder, Jonathan Morel, un arma 9 milímetros para matarla y que lo hizo en fechas claves, los días previos al atentado.

La medida que sí había habilitado la jueza en relación con la pista Milman era un entrecruzamiento de llamadas limitado al análisis de las llamadas entrantes y salientes de los imputados: allí debía buscarse que existieron comunicaciones entre ellos y el diputado nacional o alguna de sus asesoras.

Ayer la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) informó que entre el 1 de agosto del 2022 y el 2 de noviembre del mismo años no existieron comunicaciones entre esos dos grupos de personas.

Con información de Página 12.