La Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que actualiza la ley de Protección de Datos Personales, ya que con los distintos avances tecnológicos esta norma quedó desactualizada. Sobre los alcances de la iniciativa opinó Beatriz Anchorena, directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Cada vez que utilizamos una red social, hacemos una compra online, pagamos servicios o nos atendemos en un centro de salud, cedemos (a veces sabiendo y otras veces no) información de tipo personal. La pregunta es: ¿Qué autorizamos cuando brindamos nuestros datos personales? ¿Qué sabemos sobre el uso que se le da a esos datos? ¿Qué derechos y obligaciones existen en materia de protección de datos personales en nuestro país?
Argentina cuenta con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, una ley pionera en América Latina sancionada en el 2000. Sin embargo, a más de 20 años de ese hito, existe un amplio consenso sobre la necesidad de actualizar la legislación, para abordar de manera integral los desafíos que nos plantean las transformaciones tecnológicas y la protección de los derechos humanos fundamentales.
La buena noticia es que ya estamos en marcha. El 30 de junio el Presidente de la Nación envió el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que elaboramos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública al Congreso de la Nación, el cual fue debatido recientemente en comisiones de la Cámara de Diputados. Además, Argentina entró este año entre los 27 países que ratificaron el convenio 108+ del Consejo de Europa, el cual propone modernizar los marcos normativos con nuevos principios y derechos. En este sentido, el proyecto recupera éste y otros estándares regionales e internacionales, así como también los principales antecedentes en la materia.
Se trata de un proyecto de ley que la Agencia trabajó de manera participativa, que involucró a diversos sectores de la sociedad civil, cámaras empresariales, organismos internacionales, organismos públicos y especialistas, a través de once mesas de diálogo. Además, el anteproyecto fue puesto a consideración de una consulta pública, a partir de la cual se recibieron 173 documentos con aportes y comentarios, se modificaron 43 artículos y se sumaron cinco nuevos, completando en total 83 en el proyecto final.
Entre los puntos salientes, este proyecto propone un cambio de paradigma: pasar de un modelo de protección de registros de datos, a uno que garantice el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa. Esto es, «el derecho a decidir o autorizar de forma libre, previa, expresa e informada la recolección, uso o tratamiento de los datos personales, así como de conocer, actualizar, rectificar, suprimir o controlar lo que se hace con la información».
Interesa destacar a continuación los 5 aspectos que se consideran más relevantes:
1. El proyecto de ley está basado en principios generales pero incorpora nuevos, como el de neutralidad tecnológica, el principio de preeminencia y la responsabilidad proactiva y demostrada. El primero, permite sostener la vigencia de la ley más allá de los cambios tecnológicos. El principio de preeminencia indica que ante dudas interpretativas en la aplicación de la ley, prevalecerá la interpretación más favorable a la persona titular de los datos personales. La responsabilidad proactiva y demostrada exige a los responsables del tratamiento de datos que expliciten y documenten la forma en que realizan el tratamiento, con qué finalidad y a través de qué operaciones, mostrando el nivel de cumplimiento con la ley.
2. Incorpora el ámbito de aplicación extraterritorial que permite fiscalizar a los responsables o encargados en base a la ley argentina, en un tipo de tratamiento que no conoce de fronteras. Sabemos que los datos se recopilan aquí, se almacenan allá y se procesan en otra parte, sin que las empresas cuenten necesariamente con oficinas radicadas en el país. La aplicación extraterritorial es la respuesta que algunos Estados del mundo han encontrado para poder abordar la globalización del flujo de datos.
3. Añade un capítulo dedicado a la protección especial de los datos de niños, niñas y adolescentes, que reconoce como válido el consentimiento de adolescentes de 16 años en adelante y refuerza deberes de los responsables de tratamiento.
4. Pone el foco en las decisiones automatizadas a partir del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Sabemos que hoy los datos no sólo se recopilan sino que también se infieren para construir perfiles y generar nueva información sobre la cual se toman decisiones. En este aspecto, el proyecto incorpora el derecho de las personas a no estar sujetas a decisiones basadas en algoritmos o perfiles automatizados. De este modo, las y los usuarios tienen derecho a conocer qué factores influenciaron las decisiones que fueron tomadas de manera automatizada.
5. Establece reglas claras y seguras para la transferencia internacional de datos, un eje clave para el comercio y la geopolítica, por lo que este tema se ubica en las agendas de discusión de varios países del mundo. El proyecto de ley recupera esos debates y propone tres formas de transferencias: para los países con legislación adecuada (hay una evaluación a cargo de la Agencia), las garantías apropiadas y los supuestos de excepción.
A 40 años de democracia, contar con una ley que incluye la visión de diferentes sectores es un aporte a la sociedad argentina. Construir capacidades estatales en diálogo con la ciudadanía nos permite contar con un mayor consenso en las políticas públicas.
Nuestro país tiene grandes oportunidades de desarrollo a través de la innovación tecnológica, la creación de cadenas de valor y el aumento de la exportación de servicios, pero también debe enfrentar el desafío de proteger la privacidad y seguridad de los datos de ciudadanos y ciudadanas.
El campo de la protección de datos personales es transversal a las políticas públicas y a los sectores del mundo productivo. En este sentido, contar con una ley moderna que contemple los estándares regionales e internacionales a partir de una mirada situada y soberana, con un enfoque de derechos humanos, es la base y el impulso necesario para desplegar mejores políticas y fortalecer el desarrollo económico sustentable.