Es ante la posibilidad de que haya incidentes durante la movilización del Polo Obrero y las organizaciones sociales, aunque ya avisaron que será una movilización pacífica.

   

“Lo de hoy será el termómetro de cómo está la calle”, dijo al medio Infobae una fuente vinculada a la seguridad de la Casa Rosada. La sede del Gobierno nacional amaneció vallada preventivamente, aunque la presencia policial todavía era muy discreta a primera hora de la mañana. 

Como prevención ante la posibilidad de que se produzcan desmanes o actos de descontrol en la Plaza de Mayo, la seguridad estará reforzada a medida que se acerque la hora 16, cuando se espera una movilización de organizaciones sociales y de partidos de izquierda que partirá desde el Congreso y que culminará frente a Balcarce 50 para conmemorar la trágica jornada del 20 de diciembre de 2001, día en que renunció el presidente Fernando de la Rúa.

Las vallas de color gris ya empezaron a desplegarse el martes por la tarde y la noche. E incluso quedó una pila muy importante preparada para una emergencia en la esquina de Rivadavia. 

“Se colocan como método preventivo. Si alguien enojado o descontrolado se quiere acercar a las rejas, sirve como un método de disuasión”, explicó uno de los policías apostados en una de las puertas de la Rosada. Es el procedimiento habitual que se adopta ante una manifestación, pero en este caso existen mayores temores ya que el Ejecutivo no quiere desbordes ni cortes de calles y pretende aplicar el Protocolo de Orden Público que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada.

La marcha tendrá como eje convocante a la Unidad Piquetera que nuclea al Partido Obrero y a otras fuerzas que se oponen a las primeras medidas que adoptó Milei. “Enfrentar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI” será el lema de la protesta, según expresó el dirigente Eduardo Belliboni. En una conferencia de prensa desde las escalinatas del Congreso, ayer representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, diputados, partidos políticos y dirigentes de los movimientos piqueteros definieron que todo lo anunciado hasta el momento por el líder libertario es “una declaración de guerra contra los trabajadores y el pueblo”.