El 10 de enero Milei enfrenta su primera cita en las cortes internacionales. El Gobierno de LLA analiza estrategias para enfrentar el juicio de u$s 16.100 millones por la expropiación de YPF.

   

En 15 días el presidente Javier Milei deberá enfrentarse a su primer gran desafío en materia internacional. Es que el 10 de enero vence el plazo que dispuso la justicia de Nueva York para depositar una garantía en el caso por la expropiación de YPF. De lo contrario, desde el 11 de enero, podrían comenzar los pedidos de embargo. El vocero presidencial Manuel Adorni, anticipó que “Argentina va a cumplir con sus compromisos”.

“La primera cita del presidente Milei en las cortes internacionales es el 10 de enero”, describió en su cuenta de X el abogado Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors y una de las personas que más siguió la causa por la expropiación de YPF.

La última novedad en el caso fue un nuevo revés que hizo la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a un pedido argentino. Tras el cambio de gestión presidencial, el gobierno de Milei solicitó un pedido de extensión de 30 días para poder familiarizarse con el caso e introducir argumentos en la causa. Sin embargo, los beneficiarios del fallo presentaron un escrito oponiéndose al pedido argentino.

Y luego la jueza determinó que no le dará la prórroga al país: “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió Preska. Por ende, el próximo 10 de enero es la fecha límite para que Argentina presente garantías, de lo contrario, el mismo 11 podrían comenzar los embargos.

De todos modos, Maril explicó en X que esto no significa que haya que pagar la sentencia de u$s 16.100 millones, y detalló: “Argentina tiene todo el derecho a apelar (ya lo hizo) el pago por u$s 16.100 millones correspondiente al fallo. Sin embargo, si no deposita alguna garantía (ya anunció que no lo hará) los beneficiarios del fallo podrán comenzar un proceso de embargos de activos del Estado el 10 de enero. El pago solo ocurrirá si (1) Argentina opta por continuar con la misma estrategia legal de patear la pelota utilizando los canales legales en USA (3 años más) y sigue perdiendo, o (2) si hay un acuerdo antes”.

Por otro lado, Argentina le informó a la Corte de Apelaciones que el país no está en condiciones de presentar garantías en el juicio y solicitó la suspensión de la obligación o la extensión por otros 90 días. Esa fue la primera presentación de la gestión de la LLA, a cargo de la Procuración del Tesoro, órgano estatal que lleva el caso. Sobre este punto, donde Argentina argumenta que necesita tiempo para “familiarizarse con el caso”, aún no hubo respuesta.

La estrategia de este gobierno y del anterior fue que “prendar en garantía esos activos requeriría autorización por ley del Congreso”. Los activos para poner en garantía pueden ser los que el Estado disponga, siempre y cuando sean aprobados por los beneficiarios. “No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso. Y si lo hace parece poco probable que autoricen a este gobierno en medio de este contexto. Tal vez presente un activo para evitar embargos con un DNU que tiene que ser aprobado en 10 días, pero es una hipótesis”, anticipó Maril.

Por este motivo, hacia adelante hay dos fechas clave: el 11 de enero, debido a que podrían comenzar los embargos, que para Maril esto podría incluir el “26% de las acciones Clase D que el Estado posee en la petrolera”. Y luego el 23 de enero, “cuando el país debe presentar sus primeros argumentos en la apelación”.

Qué dijo el Gobierno sobre el juicio por la expropiación de YPF

El portavoz de la Presidencia anticipó que Argentina buscará cumplir con sus compromisos, pero no informó cuál será la estrategia judicial en adelante: “La Argentina va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden «, afirmó el viernes en conferencia de prensa.

“Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando de solucionar y que los argentinos estemos lo menos afectados posible, ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica argentina”, dijo Adorni, con críticas a cómo se realizó la expropiación en el año 2012. “Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo”, agregó.

La condena por u$s 16.100 millones

El juicio por la estatización de la petrolera inició en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios que compró en España el derecho a litigar de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina. Además, Burford compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a quien se le compró su paquete accionario por unos u$s 5.000 millones.

En el juicio que se definió este año en primera instancia, YPF logró quedar al margen de la causa, por lo que no deberá afrontar costos por el litigio, que deberán ser asumidos en un 100% por el Estado argentino. Preska condenó al Estado a pagar u$s 16.100 millones por “haberse quedado de manera indebida” con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012.