La opinión del Ejecutivo quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, en las que pidieron que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente.

El Gobierno nacional afirmó que las «razones de urgencia y necesidad» que motivaron el DNU 70/2023 «constituyen cuestiones políticas no justiciables», tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.

La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a las que accedió Télam a través de fuentes judiciales.

«Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura, además de transgredirse el principio de división de poderes», sostuvieron los abogados.

«No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, más no del Poder Judicial», afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.

«La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política», enfatizaron.

«El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria», señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.

La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso-administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien se encuentra de turno en la feria judicial.

Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.

En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.