La asociación reconoce la importancia crítica de las bibliotecas populares, especialmente para comunidades más pequeñas que dependen en gran medida de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen.
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ha alzado su voz en defensa de las bibliotecas populares, expresando su preocupación ante las modificaciones propuestas a la ley que regula estas instituciones a nivel nacional. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, suscribió el comunicado que destaca el papel fundamental de las bibliotecas populares en nuestras comunidades.
En el documento, la ADPRA enfatiza que estas instituciones desempeñan un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación. Más allá de ser depósitos de libros, las bibliotecas populares actúan como centros de encuentro comunitario y motores de participación activa en la vida social y cultural de las localidades.
La asociación reconoce la importancia crítica de las bibliotecas populares, especialmente para comunidades más pequeñas que dependen en gran medida de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen. Advierte sobre las propuestas de modificaciones actuales que podrían perjudicar gravemente su funcionamiento y sostenibilidad, especialmente aquellas que carecen de ingresos fijos.
ADPRA aboga por la consideración de la función social y cultural de las bibliotecas populares al evaluar cualquier cambio en la legislación. Destaca la necesidad de preservar y fortalecer estas instituciones, que no solo fomentan la lectura, sino que también sirven como lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y participación ciudadana.
En este contexto, la ADPRA destaca la importancia del Fondo Especial para Bibliotecas Populares, que ha estado en vigor desde 1986 y fue prorrogado por 50 años en noviembre de 2022. Este fondo, proveniente de impuestos a los premios de juegos de azar, es distribuido de manera federal y transparente por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), proporcionando previsibilidad, apoyo en contingencias especiales, y recursos tecnológicos y de capacitación a más de 1.500 bibliotecas adheridas a la Red.
La asociación hace un llamado a las autoridades para mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades, asegurando que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones. Además, insta a la sociedad a reconocer el valor de las bibliotecas populares y a participar activamente en su preservación como activos fundamentales para el desarrollo integral de las comunidades.
ADPRA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos culturales, el acceso a la educación y la participación ciudadana. Se compromete a trabajar en colaboración con las bibliotecas populares y otras instituciones para garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el territorio argentino, reconociendo a las bibliotecas como espacios cruciales para romper la brecha digital en muchas localidades.