La creciente disputa entre el Gobierno Nacional y las provincias en Argentina plantea escenarios económicos preocupantes, según estimaciones privadas. Se proyecta que, si el Ejecutivo continúa con su plan de recorte presupuestario, las provincias podrían recibir solo el 28% de lo recaudado por la Nación, un nivel comparable a los registros de hace 17 años, en 2007.

La consultora LCG señala en su último informe que «esperamos que las provincias se queden con apenas el 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás». Este pronóstico se basa en la previsión de que, en 2023, las provincias recibirán solo el 34% de la recaudación, similar al promedio de los últimos seis años, pero inferior al 28% registrado en 2007.

El motivo detrás de esta dinámica radica en que se espera que el aumento de los ingresos nacionales esté impulsado por recursos tributarios no coparticipables. En particular, el aumento de los recursos tributarios se atribuye a impuestos no coparticipados como derechos de exportación y el impuesto País, lo que reducirá la participación de las provincias en la recaudación total.

La consultora LCG explica: «Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados». Además, destaca que la reforma del impuesto a las Ganancias también afectará la participación de las provincias debido a la reducción de las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia.

Otro factor en juego es el impuesto País, sobre el cual los gobernadores han solicitado coparticipación. Sin embargo, si el Gobierno logra eliminar este impuesto, cualquier transferencia a las provincias a través de esta vía también sería suprimida.

Este escenario se inscribe en un plan más amplio de ajuste del Gobierno Nacional sobre las provincias. Durante el primer mes del año, se registraron disminuciones significativas en los gastos primarios y las transferencias a las provincias. El Gobierno busca alcanzar un superávit del 2% del PBI en 2024, lo que implica un ajuste sustancial, incluido un recorte en las transferencias a las provincias.

El inicio de este programa de recortes se evidenció en enero con envíos mínimos de transferencias no automáticas a las provincias. El ajuste se estima en aproximadamente un punto del PBI, y las provincias podrían enfrentar un escenario financiero desafiante en el corto y mediano plazo.

La situación agrega presión a la ya tensa relación entre el Gobierno Central y las provincias argentinas, y se espera que las negociaciones continúen en medio de preocupaciones sobre el impacto económico y social de estos recortes presupuestarios.