El diputado provincial Gustavo Pulti exigió que la Administración General de Puertos haga público el contenido del memorándum de entendimiento que habilita la llegada de un Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y reclamó que el convenio pase por el Congreso: «La indolencia y la desidia en materia de soberanía está probada», declaró en AM750.
El diputado provincial de Unión por la Patria y exintendente de Mar del Plata Gustavo Pulti pidió a la Administración General de Puertos que haga público el Memorándum de Entendimiento firmado por ese órgano y el Ejército de los Estados Unidos que permite la presencia del Cuerpo de Ingenieros de las fuerzas norteamericanas en la Hidrovía del Paraná.
«El administrador General de Puertos ha firmado, sin tener la investidura formal ni la estatura institucional y representativa adecuada, un convenio con el jefe del Ejército de una potencia extranjera», reclamó Pulti en AM750.
De la firma participaron el recientemente designado interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, el embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, y el representante del Cuerpo de Ingenieros de, Adriel McConnell, encargado de administrar la hidrovía del río Misisipi.
El organismo nacional asegura que con el acuerdo firmado el pasado 7 de marzo buscan «profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones para mejorar la eficiencia y el mantenimiento en la navegación, además de aportar al equilibrio ambiental y al desarrollo de infraestructura».
En concreto, el texto admite la llegada de un grupo de militares norteamericanos a un área sensible para la Argentina: la hidrovía del Paraná-Paraguay es la ruta fluvial más importante del país y por donde pasa la mayor cantidad de exportaciones de nuestro territorio.
Desde Unión por la Patria explican que la Administración General de Puertos es un organismo de tercera línea, debajo de un área ministerial y un ente descentralizado y, por tal motivo no puede tomar este tipo de decisiones sin pasar por el Congreso. Asimismo, Pulti denunció el silencio del Ministerio de Defensa y la Cancillería Argentina porque entiende que se trata de un perjuicio para la soberanía nacional.
También advirtió que la indiferencia de la canciller Diana Mondino ante estos casos no es un hecho aislado. «La indolencia y la desidia en materia de soberanía está probada, lo que tenemos que ver es si hay dolo», señaló Pulti en Campana en 750.
Según recordó el exintendente marplatense, el viernes pasado el gobierno británico, a través del comisionado de las islas Georgias y Sandwich del Sur, dispuso una zona de restricción total de 166 mil kilómetros para la navegación y pesca argentina, un área más grande que la provincia de Córdoba, Santa Fe o de Mendoza.
Otro episodio similar, sin pedido hasta el momento de explicaciones por parte del gobierno argentino, fue el anuncio de la construcción de un puerto del Reino Unido en las Islas Malvinas, al que muchos denominan como «el portal de acceso a la Antártida». «Empollan en nido ajeno«, ironizó Pulti al respecto.
Quién es el Gastón Benvenuto, el nuevo interventor del AGP
Como a muchos de los funcionarios de Javier Milei, a Gastón Benvenuto no se le conoce actividad previa en el sector público, pero sí en el privado. Abogado y consultor, su trabajo anterior fue en GB Energía S.A.U., una empresa vinculada a la exportación e importación de artículos electrónicos. También fue apoderado de las empresas Kandiko SA, Rebisco SA y Biyemas SA, pertenecientes a Argentine Gaming Group SA, propiedad de los primos Martín y Gastón Blaquier.
El plan del gobierno de Javier Milei para la Administración General de Puertos (AGP) es, hasta donde se sabe, la privatización. El organismo apareció en la lista de la ley ómnibus de dependencias del Estado a desnacionalizar y el ministro de Interior, Guillermo Francos, lo confirmó en una entrevista.
Por su parte, Benvenuto ya comenzó con la desarticulación del área. En febrero, el interventor dispuso la cesantía de unos 50 a 60 trabajadores, entre contratados y personal profesional jerárquico, bajo el único argumento de que «obedece instrucciones».
Fuente: Página 12