ATE programó ingresos masivos a organismos públicos contra las cesantías, en el marco de un fuerte operativo de seguridad y la advertencia oficial: “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente”.
En el comienzo de la semana laboral después del fin de semana extralargo se vivía este miércoles una jornada de alta tensión social, ya que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo diversas protestas desde la mañana contra las desvinculaciones de más de 11.000 empleados en el sector público en todo el país. En medio de un fuerte operativo de seguridad, nucleado sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, desde el gremio apostaron a una “ocupación pacífica” de dependencias estatales, mientras que en el Gobierno respondieron que no van a permitir que tomen edificios.
“Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupadas en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico”, publicó ATE Capital en sus redes sociales poco después de las 8:30.
Como contracara, desde la Casa Rosada anticiparon que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería no dudarán en actuar, y anticiparon que se realizarán denuncias penales en los casos que corresponda.
El ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que aquellos trabajadores que ocupen los organismos a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente: “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. “Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó el funcionario.
En la misma línea, un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados en diálogo con Noticias Argentinas: “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”. “Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, planteó la fuente bajo condición de anonimato.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió en las últimas horas que “en todos los ministerios habrá presencia de los trabajadores en forma masiva para ocupar sus lugares y dejar en evidencia que es el Gobierno el que actúa al margen de la ley”. Varios empleados y miembros sindicales se presentaron ante la Secretaría de Trabajo, en Leandro N. Alem 650, epicentro de la concentración más masiva en el marco de la protesta y movilización.
Según el monitoreo realizado por la asociación, el Gobierno despidió a más de 11.000 trabajadores de la Administración Pública, por lo que el sindicato convocó a un plenario federal para las 15:30 con delegados a nivel nacional, en el Anfiteatro Eva Perón, ubicado en Avenida Belgrano 2527, además de los ingresos masivos y simultáneos pautados en diferentes organismos estatales y Ministerios.
“El Presidente Javier Milei se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Aguiar en la víspera, a la vez que apuntó: “No vaya a ser cosa que él y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.
En ese sentido, el líder gremial argumentó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces, a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales”, y señaló que el artículo 226 del Código Penal establece penas de entre 5 y 15 años, elevado a un tercio para funcionarios públicos, a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales.
“Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, aseguró el dirigente respecto a la medida de fuerza que se llevará adelante este miércoles a nivel federal: “Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la Ley”.
“Por culpa del Gobierno, la conflictividad en el Estado se va a acelerar. Hemos decidido convocar a un plenario federal de delegadas y delegados de organismos nacionales para debatir la profundización de todas las medidas de fuerza y no descartamos esta misma semana volver a salir a las calles a protestar”, concluyó Aguiar.
En tanto, luego de un paréntesis de dos meses, la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este mismo miércoles para debatir la situación socioeconómica y seguir consensuando la fecha y la modalidad de una nueva medida de fuerza, que se realizaría en los próximos días. Lps docentes nucleados en CTERA, en tanto, convocó a un paro nacional docente para este jueves 4 de abril.