Mientras se esperan definiciones sobre el megaDNU y otras medidas de Javier Milei, el presidente de la Corte Suprema se mostró poco partidario de que los tribunales diriman las disputas políticas, pero, a la vez, avisó que si el Gobierno y el Congreso no resuelven los conflictos la Justicia intervendrá.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dejó en claro qué están haciendo con respecto al megaDNU dictado por Javier Milei y otras medidas del Gobierno. “Hay que darle una chance a la política. Si no resuelven estos temas, la Justicia lo resolverá”, indicó. Fue una declaración de dos filos: por un lado, se mostró poco partidario de la judicialización de todas las cuestiones políticas. Pero, por otro, fue un doble mensaje al Gobierno y al Congreso: un mensaje que dice que les están dando tiempo, pero que si no encuentran una solución la Corte terminará por intervenir. El planteo es particularmente válido para el caso de las prepagas, donde está en juego el derecho a la salud: hasta ahora, la Corte no hizo nada y observa cómo el Gobierno se enreda entre la desregulación que dispuso y el escenario de aumentos descontrolados que se instaló.

Rosatti contestó, en rigor, a una pregunta sobre las demandas hechas por distintas provincias ante la Corte y los tiempos que maneja el máximo tribunal, aunque sus declaraciones pueden leerse como una respuesta más amplia. “No nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo”, señaló el presidente de la Corte, que había sido invitado a un evento en el Rotary Club.

Allí dijo que espera que la política resuelva los temas pendientes (entre ellos, el DNU 70). Por si no había sido suficientemente claro, se mostró partidario de que “se resuelvan en el ámbito parlamentario”. Es decir, en el caso del decreto, en la Cámara de Diputados que, tras el rechazo del Senado, tiene la postestad de anularlo o ratificarlo.

No obstante, Rosatti también dejó una advertencia sobre lo que hará la Corte si los sectores políticos no pueden, no saben o no quieren resolver los temas conflictivos planteados entre la Nación y las provincias: “Si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, indicó. No dio pistas sobre cuál sería para él ese «tiempo razonable». 

Por otro lado, evitó dar respuesta sobre la viabilidad de que mujeres sean nombradas como integrantes de la Corte Suprema de Justicia y aclaró que, en el contexto actual, sus dichos podrían ser “mal interpretados”. Milei optó por no enviar ningún pliego de una mujer para completar la Corte: en su lugar, seleccionó a dos varones, el juez federal Ariel Lijo y el catedrático cercano al Opus Dei Manuel García Mansilla.

“Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, fue la frase completa que dejó el presidente de la Corte.

Rosatti también dijo que la relación «entre la política y la Justicia es a veces tensa, difícil. La política quiere definiciones rápidas, generales y el juez resuelve casos particulares, tiene su ritmo la cabeza del juez, que está puesta en restablecer el orden jurídico”. “Si el juez no entiende al político y el político no entiende al juez, la forma de acortar esta brecha es a partir del diálogo institucional”, consideró.

Sobre las políticas del Gobierno actual, Rosatti aclaró que la Constitución  “no prohíbe la intervención del Estado, sino que señala que el Estado es el que debe favorecer” a la población en cuestiones como la educación o la salud.

Rosatti también dejó una advertencia sobre las tarifas de los servicios públicos. Dijo que la Corte no interviene sobre decisiones políticas, pero sí puede fallar sobre sus consencuencias y dio el ejemplo del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. “El juez no cuestiona la decisión política del gobernante, sino que se pronuncia sobre las consecuencias con un criterio restrictivo. La Corte ya analizó el asunto teniendo en cuenta los parámetros de la razonabilidad o confiscatoriedad de las tarifas”, recordó.

Fuente: Página 12