El jefe de Gabinete sostuvo que los más de 1,2 millones de beneficiarios que existían representaban “un costo anual de USD 3 mil millones”.

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este miércoles el recorte que hizo el Gobierno de más del 80% de las pensiones por invalidez que se entregaban, al asegurar que las personas beneficiadas “no reunían los requisitos mínimos” para recibir la asistencia estatal.

A través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encontró varias irregularidades en la entrega de las prestaciones, lo que motivó la decisión.

Al respecto, el ex ministro del Interior explicó que “en 2003 había 79 mil pensiones por invalidez”, pero que “año a año se incrementaron, con excepción del período del presidente (Mauricio) Macri, hasta llegar a 1.215.000 en 2023, lo que representa un costo anual de USD 3 mil millones”.

“Una auditoría de la ANDIS sobre 3 mil pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de USD 2400 millones anuales sin fundamento”, remarcó.

Según el mencionado organismo, la Pensión No Contributiva está dirigida a las personas con discapacidad y que se encuentren en situación de vulnerabilidad; que no perciban una jubilación, otra pensión, retiro o prestación no contributiva; que no sea empleada bajo relación de dependencia, ni registrada como autónomo o monotributista del régimen general y no tener ingresos ni recursos suficientes.

Asimismo, son requisitos ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país y no estar detenido en un establecimiento penitenciario. Para que sea otorgada la pensión no contributiva, el solicitante debe cumplir con todas esas consideraciones y contar con un Certificado Médico Oficial (CMO).

Tal como precisó este medio, los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.

El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

Sin embargo, luego de que la Cámara baja aprobara la iniciativa, el propio Presidente le advirtió a la oposición que no va “a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo” y que defenderá “la caja a veto puro si es necesario”.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, anticipó, al hablar ante empresarios en el 10° Latam Economic Forum.

En cuando a las pensiones, el director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció un aumento del 8,8% que se aplicará desde mayo, el cual estará disponible junto con la preliquidación del mes de mayo, que se sumará al 20% ya otorgado para prestaciones del mes de enero, un 10% para el mes de febrero, un 12% para el mes de marzo y un 12% en abril.