Seguían las conversaciones con los gremios docentes, mientras en paralelo se intensificaban negociaciones en el Congreso para garantizar los votos que sostengan la decisión de Milei.

A pesar de las constantes negociaciones que continuaron hasta última hora para tratar de llegar a un acuerdo, aunque sin una propuesta superadora a los reclamos salariales del sector, el Gobierno se enfrentará este miércoles a una nueva Marcha Federal Universitaria que promete ser todavía más masiva que la anterior, en rechazo del veto que el presidente Javier Milei firmará para frenar el proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios.

Mientras que los gremios docentes denuncian un vaciamiento de las instituciones y exigen un aumento superior al que les fue ofrecido, las autoridades nacionales redoblaron las críticas hacia el sistema actual, pusieron en duda la legitimidad de la movilización e insistieron con la falta de auditorías.

Ni siquiera la reunión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la cúpula de la CGT, de la cual participaron Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, y Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, logró destrabar el conflicto.

Puntualmente, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell y dependiente del Ministerio de Capital Humano, les propuso a los sindicatos de maestros un incremento del 6,8%, lo cual implicaba una inversión de unos 56 mil millones de pesos, según fuentes oficiales, pero esta cifra fue rechazada.

En este contexto, el 13 de septiembre pasado, a la madrugada, el Congreso aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario, el cual establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a partir de la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha, se estima que implicaría una inversión por parte del Estado de más de 738 mil millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI.

Por esta razón, Milei ya anunció públicamente que vetará la iniciativa, aunque el Decreto con la decisión presidencial todavía no salió y aparecería en el Boletín Oficial recién el jueves próximo, en el límite del plazo legal para hacerlo, pero después de la marcha.

Cómo será el acto

La movilización fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina, en la que están estudiantes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Sin embargo, la protesta es apoyada por cientos de gremios y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, incluidos la CGT, las dos CTA, la UTEP, CTERA e incluso los sindicatos de pilotos y de transporte, por lo que se espera, no solo un paro en las escuelas y facultades de todo el país, sino también complicaciones en varios servicios.

Los movimientos comenzarán a concentrarse a partir de las 14:00 en diferentes puntos cercanos al Congreso y se espera la presencia de algunos miembros de la oposición, como el dirigente Juan Grabois, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y referentes de La Cámpora.

No obstante, también asistirán integrantes de la Unión Cívica Radical, partido que impulsó el proyecto de financiamiento, como el senador Martín Lousteau y el ex diputado Emiliano Yacobitti, que también es vicerrector de la UBA, entre otros.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la organización, el acto central está previsto para las 17:00 frente al Congreso, donde hablarán sobre un escenario representantes de las organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes.

Es probable que la jornada la abra Carlos De Feo, secretario general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y se analizó que también brindara un discurso el rector de alguna universidad pública, aunque finalmente se descartó esa opción.

La idea de los organizadores es que solamente expongan los gremios y las agrupaciones estudiantiles, que son los afectados, para evitar que la marcha tenga un tinte politizado, como la anterior, en la que también tomó la palabra Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.

Sobre el final, los alumnos y secretarios generales de los gremios docentes que participarán de la movilización leerán un documento conjunto, muy crítico del Gobierno y en el que reclamarán que no se vete el proyecto de financiamiento sancionado por el Senado. Sin embargo, no habrá nombres propios.

Con motivo de esta protesta, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad autorizó el uso del espacio público sobre la Plaza del Congreso, aunque remarcó que el ingreso de los manifestantes deberá ser por las avenidas Entre Ríos y Callao, desde las 14:00, y deberán “subir a la plaza a fin de liberar el tránsito una vez que inicie el acto central”.

Asimismo, la cartera liderada por Waldo Wolff indicó que a las 19:00 “deberán quedar la totalidad de las calles libres de asistentes y con flujo de tránsito normalizado”, pero le recomendó a la población general evitar circular por esa zona durante todo el día, para evitar inconvenientes.

La versión del Gobierno

“El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el día anterior a la movilización.

De esta manera, el funcionario ratificó la posición del Poder Ejecutivo, que insiste en que la medida se va a dar de baja para mantener el equilibrio fiscal, al igual que se hizo semanas atrás con el aumento a las jubilaciones.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado días atrás, en el que argumentó que “este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, ya que “el Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.

Al respecto, la cartera encabezada por Sandra Pettovello remarcó que las casas de estudio ya recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, pero que no se puede controlar sus gastos, ya que “no han rendido cuentas de manera adecuada”.

En este sentido, las autoridades subrayaron que la Auditoría General de la Nación, que está a cargo de esa tarea, tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó tres, “de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018″, mientras que los otros dos corresponden a periodos en 2017.

Además, el oficialismo cuestiona el costo que demandan los estudiantes extranjeros, principalmente los de la carrera de medicina, que representan un 21,8% del total de los alumnos en el sistema público, de acuerdo con los registros oficiales.

Por otra parte, el Gobierno mira con preocupación la situación del veto en el Congreso, ya que hasta el momento no cuenta con los consensos necesarios en ninguna de las dos Cámaras para defender esta decisión y evitar que la oposición insista con la medida.

En el círculo íntimo del Presidente reconocen que “por ahora no está garantizado el acompañamiento del PRO” y remarcaron que el presidente de Diputados, Martín Menem, “está trabajando para juntar las voluntades”.

No obstante, en Balcarce 50 ya piensan en un escenario adverso y aseguran que “hay alternativas posibles” y que “dependiendo de cómo se interprete la norma de financiamiento de la administración pública, uno puede ejecutar una ley o no”, aunque reconocen que “seguramente ese accionar terminará en una judicialización”.