La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Santa Fe y busca información de 49 casos de subrogación de vientre.
La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en ciudad y provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en busca de legajos e información de 49 casos sospechosos de intermediación ilegal de entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros por parte de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad.
En los operativos pedidos por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti se secuestró documentación y actas notariales donde se habrían hecho constar supuestos consentimientos de las madres, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
La investigación se abrió en enero último por denuncia de la Cancillería al recibir un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de ese país de 58 años llegó a un hospital con un bebé de tres meses de nacionalidad argentina y en muy mal estado de salud.
Desde entonces en los tribunales federales de Retiro «se investiga la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”- y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método», explicaron fuentes del caso en el que interviene la Protex.
Las sospechas apuntan a personas y empresas con sede en el extranjero y actividades en Argentina, aunque por el momento no hay detenidos. Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- los contactaban.
El “servicio” denominado “Programa Argentina” costaba unos 50.000 dólares e incluía «la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto», se detalló.
Las madres «gestantes» eran contactadas a través de redes sociales y se aprovechaba su situación de vulnerabilidad se les ofrecían 10.000 dólares más un plus de 2.000 dólares más si fuera cesárea.
«Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales», se explicó.
Los 10.000 dólares incluían la obligación para las mujeres de realizar todos los intentos necesarios hasta lograr el embarazo, los controles y la inscripción del niño y entrega posterior.
Entre los involucrados hay agencias destinadas a la selección de las gestantes, agencias que contactaban a los clientes, clínicas de fertilidad y escribanos en lo que se investiga como un caso de «turismo reproductivo».
«La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”», advirtió la fiscalía.
En el caso de la beba encontrada en Alemania, la Justicia de ese país le sacó la guarda a la mujer que la llevó a la clínica y la entregó a una familia sustituta por determinar que no estaba en condiciones de cuidarla.
En la investigación se determinó que el nacimiento se inscribió en el Registro Civil porteño y que la fertilización se realizó en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto ya se identificó a la madre gestante.
En la Justicia apuntan a una » mecánica empresarial ilícita, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de “gestación por sustitución” en Argentina.
De un total de 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año «se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación: se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades».
«En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas», se advirtió.