Milei se presentó esta tarde en el Coloquio de Idea, a donde llegó en medio de una manifestación por el recorte a las universidades.

En diciembre de 2023 Javier Milei usó el decreto de necesidad y urgencia como herramienta para establecer los pasos inciales de su gestión. Desde entonces -y de manera más reciente- también le encontró utilidad al veto, que es lo que piensa aplicar en caso de que el Congreso apruebe la modificación del régimen de los DNU.

Tras afirmar que «obviamente» vetará la ley que surja del proyecto que empezó a ser discutido el miércoles de esta semana en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, Javier Milei agregó que ve la nueva pulseada de la oposición en el Congreso como «un golpe de Estado» porque «es cambiar las reglas de juego a mitad de camino».

«En el fondo, ¿qué es lo que (la oposición) está tratando de hacer? Un golpe de Estado. Cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿A vos te parece que es normal eso?«, sentenció el mandatario en una conversación con el periodista Lautaro Maislin por C5N.

Las afirmaciones se dieron este viernes, a su llegada al Coloquio de Idea donde fue recibido por una manifestación en rechazo a su veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Javier Milei usa «las reglas de juego» de los DNU desde el inicio de su gestión, con el megadecreto de diciembre de 2023 que desreguló varias áreas de la economía y las relaciones interpersonales, y luego con decretos como el que asignó un aumento de $ 100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

De acuerdo con los caminos institucionales actuales, que están estipulados en el régimen de 2006 impulsado por la entonces senadora Cristina Kirchner, un DNU puede ser dejado sin efecto si es rechazado por ambas Cámaras del Congreso. Tal fue el caso de lo que ocurrió con el aumento de fondos para la SIDE.

Hay tres proyectos para modificar el régimen de los DNU

Existen varias propuestas que comenzaron a tratarse esta semana: por ejemplo, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó un proyecto que establece un plazo de 60 días para que la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictamine sobre la aprobación, rechazo o modificación de los decretos.

El proyecto también busca llevar de 16 a 24 miembros dicha comisión, y si venciera el plazo para emitir el dictamen entonces las cámaras del Congreso podrían tratar el DNU de forma expresa dentro de los tres días hábiles. Si eso tampoco ocurre, quedaría sin efecto el texto con la firma presidencial.

Otro proyecto, surgido del bloque radical, propone extender a 90 días el plazo para que la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emita un dictamen, en caso de que una de las dos cámaras haya aprobado el decreto, quedando pendiente la resolución del segundo cuerpo.

La Coalición Cívica, en cambio, presentó una iniciativa en la que no se propone un plazo luego del cual los decretos pierden vigencia, pero sí coincide con los otros proyectos de ley en el detalle de que alcanza con el rechazo de una de las dos Cámaras para que los DNU queden sin efecto.