En medio de una escalada del uso de la pena de muerte en las cárceles del régimen.

El régimen de Irán ejecutó este domingo a al menos once personas en distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.

Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios, y forman parte de una campaña cada vez más agresiva por parte de las autoridades iraníes en su intento de disuadir el crimen y consolidar el control interno.

El gobierno confirmó tres ejecuciones en las prisiones de Yasuj y Tabriz, entre ellas la de Saman Karimi, un joven de 25 años originario de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien había sido condenado por homicidio premeditado hace dos años. Fue ejecutado en la prisión central de Yasuj, en un caso que ha despertado especial interés al tratarse de una condena por asesinato que, según activistas y Human Rights Monitor (HRM), tuvo irregularidades en su proceso judicial.

Por su parte, en la prisión central de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de aproximadamente 45 años, ambos condenados por delitos de drogas. Khani, una trabajadora de un taller de costura antes de su arresto, había estado encarcelada durante cuatro años, acusada de tráfico de drogas, mientras que Babaei había estado bajo custodia durante más de dos años y medio antes de su ejecución.

En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años residente en Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Este tipo de ejecución contra un extranjero también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que Papalzehi habría sido condenado en un proceso cuestionado por su falta de garantías legales, aseguró HRM.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos de delitos de drogas. A pesar de la creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, Irán continúa empleándola de manera regular, ubicándose entre los países con mayor índice de ejecuciones del mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, utilizada con frecuencia contra minorías y personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de garantías y justicia en el sistema judicial iraní.