La decisión judicial confirma la condena de seis años de prisión impuesta a la exmandataria, quien fue hallada culpable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia en contra de la exvicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la llamada «Causa Vialidad», una de las investigaciones más mediáticas de la política argentina. La decisión judicial confirma la condena de seis años de prisión impuesta a la exmandataria, quien fue hallada culpable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La «Causa Vialidad» tiene como eje el direccionamiento de contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, en favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. La sentencia original había sido dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, que también había dispuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años),de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años),de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

Los detalles de la sentencia

Los hechos juzgados remiten a la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.

Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción. Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras.

También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas.

Asimismo, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, decreto que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez.

El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos.