La AGN evaluó la operación de reperfilamiento llevada adelante por el gobierno de Cambiemos en 2019, autorizada mediante un DNU. Revelaron aparentes deficiencias en la planificación, coordinación y administración de ambas áreas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe detallado sobre las fallas en la gestión de las Letras del Tesoro (LETES) y el transporte automotor de pasajeros durante el período 2016-2019. Estas investigaciones revelaron aparentes deficiencias en la planificación, coordinación y administración de ambas áreas, que impactaron negativamente en la economía y en los servicios públicos.En el caso de las Letras del Tesoro, 

la AGN evaluó la operación de reperfilamiento llevada adelante por el gobierno de Cambiemos en 2019, autorizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El informe identificó la falta de coordinación entre la Tesorería General de la Nación, la Oficina Nacional de Crédito Público y el Banco Central en la gestión de estas obligaciones. Este reperfilamiento, que afectó deudas equivalentes al 25% del cupo presupuestario vigente ($595.991 millones), fue calificado como un incumplimiento soberano que deterioró la calificación de crédito del país.

El informe destacó que no existían procesos específicos para asegurar la eficiencia en la gestión de esta deuda ni estrategias financieras que enmarcaran la administración de las LETES. Tampoco se considerarán riesgos financieros, lo que, según el organismo, incumplió normas aplicables y deterioró la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.Por otro lado, 

la auditoría sobre el transporte automotor de pasajeros, que abarcó los años 2018-2020, evaluó la Modalidad de Oferta Libre, supervisada por el ex Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Aquí se encontraron serias debilidades en la planificación estratégica y en la fiscalización de los operadores, así como ineficiencia en la gestión del régimen de penalidades.

El Programa de Fiscalización Técnica Rápida no se aplicó adecuadamente a los vehículos afectados al servicio de Oferta Libre, y las políticas públicas del Ministerio de Transporte carecieron de una planificación clara. Según la AGN, estas falencias tuvieron un impacto directo en la calidad y seguridad de los servicios de transporte.

Ambos informes fueron aprobados por unanimidad durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, encabezada por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos.