El jefe de Gabinete dijo que esa posibilidad “está en análisis” y lamentó la falta de consensos en el Senado para los nombramientos. “Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada”, remarcó el funcionario.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este domingo que el Gobierno analiza la posibilidad de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión, que sería tomada en caso de no obtener los votos necesarios en el Senado, ha generado fuertes debates en el ámbito político.
La falta de consenso y el apuro oficial
Francos lamentó la falta de consenso en la Cámara Alta para avanzar con los pliegos de los dos candidatos antes de que finalice el año legislativo. “La propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte quedará con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. Lo ideal sería que lo defina el Senado, pero operar en minoría es un esfuerzo enorme”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
La urgencia surge porque en diciembre el juez Juan Carlos Maqueda dejará su lugar en el máximo tribunal al cumplir 75 años, la edad límite establecida por la Constitución. A pesar de que los jueces pueden extender su mandato por cinco años más con la aprobación del Senado, el Gobierno no impulsó esta opción para Maqueda, dejando su vacante sin cubrir.
Negociaciones contrarreloj
Los pliegos de Lijo y García Mansilla, ambos postulados por el oficialismo, llevan meses sin ser tratados en el recinto debido a la falta de los votos necesarios. En las últimas semanas, la Casa Rosada intensificó las gestiones para reunir el apoyo de los senadores, logrando recientemente el dictamen necesario para que el pliego de Lijo sea debatido. Sin embargo, aún no se cuenta con los dos tercios requeridos para su aprobación.
La situación podría agravarse si el tema se posterga hasta 2024, en pleno año electoral. Según fuentes cercanas al Gobierno, se analiza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre para abordar los pliegos y evitar que el tema quede empantanado.
En caso de que el Senado no logre votar las designaciones, el Gobierno podría recurrir a un decreto presidencial, una medida que, aunque constitucional, resulta controvertida y excepcional. Según Francos, esta opción está “en análisis”, pero insistió en que lo preferible sería que las designaciones se definan en el Congreso.
Reacciones políticas y críticas
La posibilidad de una designación por decreto ha generado críticas desde diversos sectores. Mientras que desde la oposición se habla de un posible avasallamiento institucional, algunos analistas destacan la necesidad de contar con una Corte completa para garantizar su correcto funcionamiento.
Por otro lado, en el entorno del oficialismo se mantiene el optimismo de lograr al menos la aprobación del pliego de Lijo antes de fin de año, lo que sería considerado un triunfo político en un contexto de alta tensión legislativa.