Entre las condiciones establecidas por la entidad mundial se exige que los recursos del Estado sean utilizados con una «perspectiva de género» y en línea con la «mitigación del cambio climático». Cómo será el plan de pagos.

El Gobierno probó dos contratos de financiamiento con el Banco Mundial por un total de US$ 1.000 millones, destinados a reestructurar los subsidios en los sectores de energía eléctrica y transporte público. Los fondos, que se desembolsarán entre 2025 y 2027, se orientarán exclusivamente a beneficiar a los usuarios más vulnerables a través de un esquema de tarifa social. El objetivo es eliminar el actual sistema de segmentación de tarifas, que afecta a diversos sectores del país.(R(

Según informó Clarín, los contratos, que fueron publicados en el Boletín Oficial este lunes 25 de noviembre, incluyen cláusulas que exigen que los recursos del Estado sean utilizados con una «perspectiva de género» y en línea con la «mitigación del cambio climático». También se establecen medidas para combatir el «acoso sexual» en el transporte público y mejorar la «inclusión» de personas con discapacidad en el sistema de transporte.

Entre los dos préstamos aprobados, uno se destinará al «Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público», por US$ 500 millones. Este proyecto tiene como objetivos mejorar el acceso a los subsidios a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y promover la inclusión de colectivos de bajas emisiones de gases contaminantes. También se espera que 400.000 nuevos beneficiarios accedan a la tarifa social y que cerca de 1.360 millones de viajes sean subsidiados en los próximos años.

El otro préstamo, también por US$ 500 millones, está destinado al «Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible». Este programa incluye el compromiso de proteger a los hogares de bajos ingresos frente a futuros aumentos de tarifas, manteniendo una «perspectiva de género» cuando sea posible.

Cabe señalar que los contratos incluyen condiciones que se alinean con la Agenda 2030 de la ONU, un aspecto que ha sido motivo de crítica por parte de algunos sectores, como los libertarios de La Libertad Avanza, quienes rechazan este tipo de imposiciones vinculadas al cambio climático y la perspectiva de género.

Es de enfatizar que los pagos del préstamo se realizarán en cuotas semestrales a partir de 2031, con un plazo de devolución hasta 2056, lo que refleja el largo plazo de compromiso de Argentina con estos proyectos.