Se espera que el FMI, junto con aproximadamente 6.000 millones de dólares del Banco Mundial y 4.000 millones de dólares del BID, totalice cerca de 20.000 millones de dólares.
El Gobierno anunció recientemente que el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Ejecutivo nacional a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este DNU será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días y marca la etapa final de la gestión para cerrar el acuerdo.
Se espera que el respaldo del FMI, junto con aproximadamente 6.000 millones de dólares del Banco Mundial y 4.000 millones de dólares del BID, totalice cerca de 20.000 millones de dólares. Según el Gobierno, este acuerdo «fortalecerá el balance del Banco Central» y es fundamental para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, además de continuar con el proceso de desinflación y la eliminación de restricciones cambiarias.
Detalles del acuerdo con el FMI
El DNU señala que las operaciones de crédito público del Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y medio. Los fondos provenientes de este acuerdo se destinarán a cancelar «letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central» y to permiten cubrir deudas relacionadas con el Programa de Facilidades Extendidas de 2022.
Además, la operación incluirá el pago de intereses y cargos según los plazos y tasas establecidos por el FMI, y el reembolso del capital del préstamo se realizará dentro de los tiempos acordados. El Gobierno enfatizó que no se comprometerá su política de déficit cero; así, los fondos se utilizarán exclusivamente para saldar deudas del Tesoro Nacional y con el FMI.
Controversia en el Congreso
La decisión de utilizar un DNU en lugar de presentar un proyecto de ley al Congreso para este acuerdo ha generado críticas. Diputados de Unión por la Patria (UP) han presentado una denuncia penal contra Javier Milei, argumentando que el DNU viola varios artículos de la Constitución Nacional que establecen que el endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso.
Los legisladores, que incluyen a Juan Marino, Hugo Yasky y Victoria Tolosa Paz, sostienen que esta acción del Gobierno usurpa funciones del Poder Legislativo y constituyen un abuso de autoridad, en violación de los deberes de funcionario público según el Código Penal.