El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que «la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina», mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con echarla «por incumplimiento de sus funciones».

Tras la decisión de la jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, de liberar durante la madrugada del jueves a las 114 personas detenidas durante la brutal represión a los manifestantes en los alrededores del Congreso, el Gobierno salió a apuntar contra la Justicia y remarcó que «los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices».

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien cuestionó a la magistrada a través de su cuenta de X: «La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”. “La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices», consideró el portavoz  en su típica acción de enviar a los trolls libertarios en contra de alguien que piensa  distinto.

En la misma red social, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, puso en duda la continuidad de Andrade en su cargo. «Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad», escribió en su cuenta de X.

«Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones», planteó.

También el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó esta mañana la decisión de Andrade. «Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada«, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Fuente: politicargentina.com