La próxima audiencia será el próximo 5 del mes que viene en el Tribunal Oral Federal.

   

El próximo 5 de septiembre será el día en el que los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner deberán responder ante el Tribunal Oral Federal 2 las acusaciones que presentó el fiscal federal Diego Luciani, en la causa de Vialidad. A diferencia de lo que fue el discurso de la líder del Frente de Todos en el Senado, en esta ocasión, los letrados deberán dar respuestas técnicas para lograr que haya una pena de no más de 7 años o, en el mejor de los casos, la absolución de la exmandataria.

Entre los objetivos que maneja el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi, según pudo saber Infobae, es demostrar lo inverosímil y casi imposible que resulta montar una asociación ilícita desde el Poder Ejecutivo —como se la acusa— con los controles cruzados establecidos, por ejemplo, en el Presupuesto, DNU o designaciones ya que, en la mayoría de esas herramientas, interviene el Congreso.

Además, darán respuestas técnicas —no políticas como sucedió ayer— para lograr una pena no mayor a los 7 años o la absolución. En caso de que haya una condena, la inhabilitación y el decomiso será inevitable.

Custodia para los fiscales

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió ayer reforzar la seguridad de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que juzga a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, tras una serie de amenazas verbales contra los magistrados. Fuentes consultadas por TN señalaron que Rosatti hizo la solicitud por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal para que aumente la custodia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante pedidos en las redes sociales de ir a sus casas a “escracharlos” de parte de militantes K.

La seguridad ya había sido reforzada en el caso del fiscal federal Diego Luciani después que Página/12 publicó una fotografía en la que se lo ve junto Giménez Uriburu en un equipo de fútbol que participa en un torneo amateur en la quinta Los Abrojos, cuyo dueño es Mauricio Macri.

Los jueces del tribunal oral federal tienen una custodia asignada desde la muerte del fiscal Alberto.