En un giro estratégico dentro de la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió retirar su proyecto de ley inicial para alcanzar un consenso con los bloques aliados. La modificación principal radica en la edad: tras negociaciones, se acordó fijar la baja de la edad de imputabilidad en 14 años, desistiendo de la propuesta original que pretendía llevarla a los 13 años.

Este acuerdo busca destrabar el debate legislativo y agilizar el tratamiento en la Comisión de Justicia, encabezada por el diputado Álvaro Martínez. La intención del Ejecutivo es consolidar un texto que cuente con el respaldo suficiente para obtener la media sanción en el corto plazo.

Financiamiento y presupuesto para la implementación

Uno de los puntos centrales del nuevo acuerdo es la garantía de fondos para que la ley no sea una «letra muerta». A diferencia de intentos anteriores, el texto actual contempla partidas específicas para su ejecución:

• Inversión estimada: Se prevé un gasto superior a los $23.000 millones.
• Distribución: La mayor parte de los recursos, unos $20.000 millones, se destinará a la Defensoría General de la Nación, mientras que los $3.000 millones restantes serán asignados al Ministerio de Justicia.
• Diferencia clave: En lugar de depender de futuras reasignaciones presupuestarias, los fondos ahora quedan blindados dentro de la estructura de la ley para asegurar la creación de infraestructura y equipos interdisciplinarios necesarios.

El estado del dictamen

Desde el oficialismo aclararon que, si bien retiraron el proyecto reciente por «objeciones administrativas», el dictamen alcanzado en 2024 sigue vigente y sirve como base técnica para la redacción final. El objetivo es que el sistema de responsabilidad penal juvenil cuente con las herramientas necesarias para procesar a menores a partir de los 14 años, garantizando al mismo tiempo el presupuesto para su defensa y tratamiento.