El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa, Agustín Rossi, lanzó una dura advertencia este lunes 12 de enero de 2026 sobre el impacto del DNU 941/2025. Según el legislador, la ampliación de facultades otorgada a la Secretaría de Inteligencia del Estado por el gobierno de Javier Milei representa un «avance autoritario» que busca dotar al organismo de capacidades represivas similares a las de una policía política.

Rossi confirmó que la oposición no esperará al inicio de las sesiones ordinarias en marzo y buscará forzar el tratamiento legislativo del decreto durante el mes de febrero para lograr su rechazo definitivo.

Los puntos de mayor gravedad institucional

Para el dirigente santafesino, la normativa vigente desde el 30 de diciembre pasado contiene elementos que vulneran directamente la Constitución Nacional:

• Aprehensiones sin orden judicial: Rossi alertó sobre la figura de «aprehensiones temporales», señalando que el decreto no establece límites de tiempo ni criterios claros, lo que permitiría detenciones arbitrarias de ciudadanos a manos de agentes de civil.
• Militarización de la inteligencia interna: El legislador denunció que el DNU habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior a sola firma del titular de la SIDE, rompiendo con el consenso democrático de separación entre defensa nacional y seguridad interior.
• Reminiscencias de la dictadura: Rossi fue tajante al comparar estas nuevas atribuciones con el esquema operativo del terrorismo de Estado, afirmando que el involucramiento de militares en espionaje interno remite a las épocas más oscuras de la historia argentina.

La estrategia legislativa para febrero

A diferencia de otros proyectos, el diputado explicó que los Decretos de Necesidad y Urgencia imponen una obligación de tratamiento inmediato una vez que el Jefe de Gabinete los remite al Congreso. Por este motivo, confía en que la oposición podrá reunir los consensos necesarios para sesionar en febrero.

Para Rossi, la discusión trasciende lo partidario y se convierte en un debate sobre el modelo democrático y el control civil de los espías. Sostuvo que dotar de «poder de policía» a una estructura que carece de transparencia pública pone en riesgo la libertad de expresión, la labor periodística y la seguridad de todos los argentinos.