A través de la Decisión Administrativa 1/2026, el Gobierno nacional puso en marcha la ingeniería financiera para el año fiscal. La norma no solo distribuye los recursos aprobados por la Ley N° 27.798, sino que establece un sistema de «doble llave» para la ejecución de fondos y la contratación de personal, otorgando un poder sin precedentes a la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, y al Ministerio de Economía de Luis Caputo.

El objetivo es garantizar que ninguna jurisdicción se desvíe de la meta de equilibrio fiscal, eliminando cualquier vestigio de autonomía presupuestaria en los ministerios.

Las nuevas reglas de juego para la administración pública

La reglamentación introduce controles de hierro sobre tres ejes fundamentales:

• Poder de redistribución: El Jefe de Gabinete ahora tiene la facultad de segmentar y mover créditos presupuestarios hasta el nivel de las partidas más pequeñas. Esto significa que podrá decidir el destino específico de fondos que antes eran manejados con mayor libertad por los ministros de cada área.
• Freno al empleo público: Para cubrir cualquier vacante o modificar una estructura, los organismos deben superar tres filtros: acreditar la existencia del cargo, demostrar el financiamiento y obtener el aval técnico de la cartera de Federico Sturzenegger (Transformación del Estado) y de la Secretaría de Hacienda.
• Obras y compras bajo lupa: Ningún organismo podrá iniciar una obra pública o adquirir equipamiento sin un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

Control estricto sobre empresas públicas e inteligencia

La normativa también pone el foco en áreas que el Gobierno considera críticas para mantener el superávit:

• Empresas del Estado: El financiamiento para empresas públicas no financieras quedará centralizado en el Tesoro. Solo recibirán fondos si cumplen estrictamente con los requisitos de información y metas de gestión previstos.
• Fondos reservados: Cualquier movimiento de partidas vinculadas a gastos de inteligencia deberá contar con la autorización expresa de la SIDE.
• Informes trimestrales: Los organismos están obligados a reportar cada tres meses la evolución de su dotación de personal y contrataciones. El incumplimiento de esta entrega de datos facultará al Gobierno a suspender los pagos a dicha jurisdicción.

Contribuciones obligatorias al Tesoro

La decisión administrativa establece que los organismos deben realizar sus aportes al Tesoro Nacional en cuatro cuotas iguales durante el año (marzo, junio, septiembre y diciembre). Además, se intimó a devolver los remanentes de recursos de 2025 antes de que finalice el primer trimestre de 2026.

Este esquema de centralización busca que el «déficit cero» no dependa solo de la voluntad política, sino de una estructura burocrática diseñada para impedir el gasto no planificado.