La decisión del Banco Central de la República Argentina de cerrar doce delegaciones regionales encendió fuertes críticas en el interior del país, donde advierten sobre un impacto directo en la logística financiera y el acceso al dinero en efectivo.

Un plan de centralización

La medida, impulsada por la conducción del BCRA a cargo de Santiago Bausili, apunta a reducir costos operativos y avanzar hacia un esquema más digitalizado del sistema financiero.

En ese marco, las operaciones se concentrarán en grandes nodos como Córdoba, Rosario y Corrientes, dejando sin funcionamiento a agencias en distintas regiones del país.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Salta, La Rioja, Formosa, Posadas, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Paraná, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, San Juan y Santa Rosa.

Preocupación en el interior

Desde el sindicato La Bancaria y distintos sectores provinciales advierten que la eliminación de estas sedes encarecerá el traslado de efectivo.

El principal problema radica en que los bancos deberán transportar dinero desde mayores distancias, lo que implica más costos en seguridad y logística, gastos que podrían trasladarse a los usuarios.

Además, remarcan que en muchas zonas del interior el uso del efectivo sigue siendo clave, especialmente en sectores con menor acceso a herramientas digitales o en poblaciones de adultos mayores.

Impacto político y debate federal

El conflicto ya llegó al Senado de la Nación Argentina, donde se presentó un proyecto para frenar la medida. Legisladores sostienen que el cierre de delegaciones afecta el equilibrio federal y reduce la capacidad operativa de las provincias.

También cuestionan que la decisión no contempla las realidades territoriales, donde la digitalización aún no reemplaza completamente al efectivo.

Incertidumbre laboral y operativa

Mientras avanza el plan, trabajadores de las agencias afectadas esperan definiciones sobre su reubicación. En paralelo, entidades bancarias del interior analizan cómo adaptar sus estructuras para sostener el abastecimiento de dinero sin afectar la operatoria diaria.

La medida, enmarcada en la política de ajuste del gobierno nacional, abre un nuevo frente de tensión entre la administración central y las provincias, con un impacto que podría sentirse tanto en el sistema financiero como en la vida cotidiana de millones de argentinos.