Un informe de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) advierte que el proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno nacional —y que se tratará en el Senado en febrero— tendría un impacto colateral severo en las arcas provinciales. Según el estudio, las modificaciones tributarias contenidas en la ley provocarían una caída de $1,9 billones en la masa coparticipable.
Esta reducción se debe principalmente a la baja de contribuciones patronales y cambios en impuestos específicos que actualmente se distribuyen entre las jurisdicciones. Dado que el 59% de estos recursos pertenece por ley a las provincias, el recorte afectaría directamente el financiamiento de servicios básicos en el interior del país.
El impacto en Santiago del Estero y otras jurisdicciones
El informe detalla el perjuicio económico por provincia, situando a Santiago del Estero en una posición crítica:
- Santiago del Estero: Se estima una pérdida de $74.700 millones, lo que la ubica en el «top 10» de las provincias más castigadas por la reforma.
- Buenos Aires: Es la jurisdicción con el mayor recorte nominal, superando los $397.000 millones.
- Otras afectadas: Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos también verían reducidos sus ingresos de manera significativa.
Puntos de conflicto: ¿Reforma tributaria encubierta?
Desde el gremio de trabajadores de la ARCA (ex AFIP) sostienen que la ley no es solo laboral, sino que esconde una reforma fiscal que desfinancia al Estado. Los especialistas señalan tres ejes de preocupación:
- Baja de contribuciones: La reducción de los aportes que hacen las empresas impacta en la recaudación nacional que luego se reparte.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El diputado Jorge Capitanich advirtió que la creación de este fondo podría comprometer la sostenibilidad del sistema jubilatorio y elevar las pérdidas totales hasta los $4,6 billones en el escenario más pesimista.
- Tensión con gobernadores: Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene negociaciones abiertas, este informe técnico pone en alerta a los mandatarios provinciales que deben decidir si sus senadores apoyarán el proyecto el próximo 10 de febrero.
El Ejecutivo, por su parte, defiende la iniciativa argumentando que el costo fiscal inicial se compensará a largo plazo con la creación de empleo genuino y la formalización de trabajadores que hoy están fuera del sistema.