Al cumplirse el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe crítico titulado “Sonando la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos”. El documento denuncia una «peligrosa trayectoria» que, según la organización, está socavando los pilares democráticos y el Estado de derecho tanto a nivel nacional como global.
Paul O’Brien, director ejecutivo de AI en EE. UU., afirmó que la administración republicana ha concentrado el poder para evitar la rendición de cuentas, generando un entorno de alto riesgo para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
Áreas críticas identificadas en el informe
La organización documentó diversas áreas donde las políticas del gobierno estarían comprometiendo las libertades civiles:
- Ataques a la libertad de expresión: Se reporta una creciente hostilidad hacia la prensa y las manifestaciones pacíficas, incluyendo el uso de fuerzas federales en asuntos internos.
- Persecución a la disidencia: El informe señala esfuerzos sistemáticos para difamar y castigar a críticos políticos, académicos y organizaciones que cuestionan el rumbo oficial.
- Derechos de migrantes y refugiados: AI documentó retrocesos graves en las protecciones contra la discriminación y ataques directos al sistema de asilo.
- Debilitamiento del sistema legal: La administración ha sido señalada por presionar a jueces y abogados para limitar la independencia del sistema judicial.
Un patrón global de autoritarismo
Amnistía Internacional subrayó que estas prácticas no son hechos aislados, sino que responden a un patrón que la organización ha observado en otros países donde se busca controlar la información y debilitar los mecanismos de control. O’Brien advirtió que, una vez que estas prácticas se normalizan, las instituciones diseñadas para frenar los abusos de poder quedan gravemente comprometidas.
El informe concluye con un llamado a la acción ciudadana para evitar que estas dinámicas se arraiguen de forma definitiva en la cultura política estadounidense y para proteger los sistemas internacionales de derechos humanos que Washington está intentando desmantelar.