En un nuevo gesto de subordinación a la agenda del imperialismo norteamericano, el Gobierno nacional anunció una batería de restricciones migratorias diseñadas para perseguir y prohibir el ingreso al país de funcionarios, militares y ciudadanos vinculados al proceso bolivariano. La medida, ejecutada a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), funciona como una extensión de las sanciones ilegales impuestas por los Estados Unidos, trasladando la política de bloqueo al control de fronteras en Argentina.

Manuel Adorni, jefe de gabinete del organismo, confirmó que estas restricciones se aplican en coordinación con agencias extranjeras, lo que representa una entrega de la soberanía migratoria para actuar como brazo ejecutor de los intereses de la Casa Blanca.

El retorno de la persecución ideológica

La normativa no solo afecta a funcionarios estatales, sino que abre la puerta a una estigmatización generalizada de empresarios y actores sociales asociados al chavismo. El Gobierno justifica este endurecimiento bajo el pretexto de «preservar la integridad» del sistema, aunque en la práctica establece un mecanismo de listas negras basado en la ideología política de los viajeros.

• Seguidismo internacional: La medida se enfoca específicamente en quienes han sido arbitrariamente sancionados por Washington, demostrando que la política exterior argentina es dictada desde el exterior.
• Criminalización de la función pública: Se intenta presentar a todo aquel que haya formado parte del Estado venezolano como un «cómplice», negándole el derecho al libre tránsito y utilizando el aparato migratorio como una herramienta de castigo político.

Un quiebre en la tradición de asilo y acogida

Históricamente, la región ha mantenido principios de no discriminación y acogida para los ciudadanos de países hermanos. Sin embargo, esta decisión de la gestión actual rompe con esa tradición para alinearse con los compromisos de seguridad nacional de los Estados Unidos, afectando potencialmente a la comunidad venezolana y profundizando las brechas diplomáticas en el continente.

Analistas internacionales advierten que este «endurecimiento» es en realidad una pieza más del engranaje de asedio contra Venezuela, buscando aislar aún más al pueblo bolivariano y sus representantes en un momento de extrema tensión tras el secuestro de sus líderes. Mientras el Gobierno celebra estas restricciones como un «fortalecimiento del control», diversos sectores sociales denuncian que se trata de un acto de xenofobia institucionalizada y persecución política sin precedentes en la democracia argentina.