La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, medida que había sido solicitada por el fiscal Carlos Rivolo en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo surge de la misma resolución con la que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado el jueves pasado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el objetivo de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la exmandataria.

Se trata de medidas solicitadas en el marco de lo que se conoce como «pista Milman», iniciada a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del atentado fallido, había escuchado al diputado de JxC decir: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».

La magistrada recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado -algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar «a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional», según surge de la resolución.

La jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro debería «efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador», a lo que agregó: «Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, ´hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado´».

La medida había sido solicitada por el fiscal Rivolo luego de que una exsecretaria de Milman se presentara en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial y contar que puso su teléfono en manos de un «perito», supuestamente facilitado por Milman, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.

El planteo de la fiscalía se produjo mientras el expediente estaba bajo secreto de sumario y por eso no trascendió hasta hoy: también había solicitado que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso.

«Respecto del entrecruzamiento solicitado, entiende la suscripta que, de momento no corresponde hacer lugar a esa diligencia en los términos en los que se encuentra formulado por el MPF; ello, teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones obran las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos, durante el período solicitado por el Sr. Fiscal, por lo tanto, esa dependencia puede realizar el cotejo pertinente; no resultando ser esa diligencia una medida de carácter jurisdiccional», respondió la jueza.

La fiscalía había reclamado las medidas tras la declaración de Bohdzewciz de la que se desprendía que Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la causa del atentado fallido contra la vicepresidenta, a pesar de que la testigo refirió que la información borrada de su teléfono -que luego habría sido recuperada en buena medida- estaba vinculada con su vida privada.

En su última declaración, Bohdzewicz manifestó que el 10 de noviembre último mantuvo un encuentro con Gómez Mónaco y que en esa reunión su otrora compañera infundió preocupación al comentarle seguiría filtrándose en los medios información sobre ellas, luego de que asistieran a prestar declaración testimonial ante esta sede judicial.

En ese contexto, relató, Gómez Mónaco la habría instado a que juntas fueran a ver a Milman y a un «perito» que las esperaban en unas oficinas que atribuyó a Patricia Bullrich.

En su resolución, la jueza destacó que la exsecretaria de Milman declaró 3 veces en en el marco de este expediente: el 1 de diciembre dijo «yo me asesoré pero lo decidí yo por voluntad propia», el 14 de diciembre -al entregar su celular- dijo que había recuperado la información que había borrado y el 5 de mayo relató como el borrado lo habría realizado un «perito».

En relación a información que pueda hallarse en el teléfono de Gómez Mónaco, la jueza autorizó a la fiscalía a «a que solicite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la extracción forense de la información de dicho aparato, y luego encomiende a dicha fuerza y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF la realización de un análisis de la información que se obtenga al respecto».

Ese análisis «deberá limitarse a las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022».

«El análisis deberá limitarse al período comprendido entre el 01/07/22 y el 01/12/22», agregó la jueza que, además, remarcó que «el estudio deberá ser realizado con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso, la cual, de ser obtenida, deberá ser eliminada una vez concluido el estudio».

Fuente: Página 12