Tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi indaga en las cuentas bancarias de quienes les facturaron a los hermanos del exministro macrista Luis «Toto» Caputo.
La Justicia sigue intentando descorrer el velo del financiamiento de Revolución Federal, el grupo violento de ultraderecha que, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo vinculado al intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los supuestos proveedores de Caputo Hermanos en el edificio ubicado en la zona de Vaca Muerta. Se busca con estas medidas determinar si Jonathan Morel, fundador de la organización ultraderechista, proveyó algún servicio a la familia Caputo o contó con aliados –que le cedieron facturas– a la hora de encubrir pagos por su actividad política.
Revolución Federal salió a la superficie en mayo del año pasado. En poco tiempo, ganó protagonismo gracias a sus protestas violentas, sus escraches y sus diatribas contra contra líderes y simpatizantes del kirchnerismo y de la izquierda. Entre sus gritos de guerra estaban “al kirchnerismo, cárcel o bala”, “van a correr” o “todos presos, muertos o exiliados”. Más allá de la beligerancia de sus miembros –en su mayoría jóvenes–, hay una dato que llama la atención: la cantidad de dinero que manejaban sus fundadores.
Morel, líder del grupo, declaró que recibió alrededor de 13 millones de pesos por parte de Caputo Hermanos. Según él, fue como contraprestación de trabajos que hizo o que subcontrató desde su carpintería en Boulogne. Morel, que aprendió el oficio por YouTube, tuvo supuestamente un golpe de suerte al cruzarse con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis “Toto” Caputo, el ministro de Finanzas de Mauricio Macri. De acuerdo con la versión de Moral, Rossana Caputo le compró unas mesitas que se rompieron y, aun así, le encargó el mobiliario para un edificio que estaban construyendo en Neuquén.
Como la versión no cierra por ningún lado y después de recibir unos informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal Gerardo Pollicita pidió el levantamiento del secreto de todos los que aparecen como proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo –que pertenece a Caputo Hermanos–. En particular, el fiscal hizo foco en María Isabel Said, que le facturó más de 828.000 pesos a la firma en concepto de banquetas y sillas. La propiedad de Said ya había sido allanada meses atrás al igual que la de otros proveedores.
Pollicita también investiga al entorno de Leonardo Sosa, que fundó el grupo con Morel. Al fiscal le interesan las cuentas del padre, Oscar Enrique Sosa, porque el 20 de octubre pasado, cuando allanaron su domicilio de Villa Ballester encontraron abundante efectivo. Según las actas del allanamiento, se hallaron entonces 381.000 pesos, 49.385 dólares y 205 euros. Cuando lo indagaron, Sosa había tratado de descargar en su compinche Morel los agujeros negros del financiamiento del grupo. Había dicho que era Morel quien tenía que, en todo caso, rendir cuentas por su trabajo.
Según Martínez de Giorgi y Pollicita, Revolución Federal representa un esquema delictivo diseñado para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor. Desde su conformación, Revolución Federal desarrolló una actividad ilícita. Por estos hechos, Martínez de Giorgi procesó tanto a Morel como a Sosa. También incluyó a Gastón Guerra –otro integrante del grupo que era habitué en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de CFK– y a Sabrina Basile, otra militante extrema de estos grupúsculos de derecha. Para Martínez de Giorgi, los cuatro debían estar detenidos. Sin embargo, la Cámara Federal porteña los excarceló. Ahora son los mismos jueces –Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– los que deben revisar los procesamientos. En Comodoro Py estimaban que podría haber novedades para finales de esta semana.
Para Pollicita y Martínez de Giorgi, la violencia que desplegó Revolución Federal desde su creación –en mayo pasado–tuvo su cénit con el intento de asesinato de CFK. Por eso entendían que esos hechos debían investigarse conjuntamente con la tentativa de homicidio. Sin embargo, ni la jueza María Eugenia Capuchetti –a cargo de la causa del atentado– ni el camarista Mariano Llorens estuvieron de acuerdo en unificar las pesquisas. La unificación es lo que reclama CFK, que ya dijo que consideraba a Fernando Sabag Montiel el sicario financiado por grupos ligados al macrismo.
La Cámara Federal volvió esta semana, con el voto de Bruglia, a blindar a Capuchetti al frente de la investigación después de que CFK la recusara por ser investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde se forma la Policía de la Ciudad y encuentra refugio cuanto dirigente de Juntos por el Cambio esté ávido por dictar alguna clase. El tribunal de apelaciones de Comodoro Py aún debe resolver un planteo sobre cómo se peritarán los teléfonos de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman, quien está sospechado de saber con anterioridad que iban a intentar matar a CFK.
Mientras tanto, Pollicita informó que su colega Carlos Rívolo –a quien Capuchetti le delegó la investigación del ataque contra CFK– autorizó que se entrecruce la información que surja de los teléfonos analizados en esa causa con la de Revolución Federal para determinar si efectivamente hay una ligazón entre el grupo de Morel y Sosa con la banda de los “copitos” de Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
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