Un insólito caso que comenzó en mayo de 2022 llegó a su conclusión definitiva en los tribunales de Santiago de Chile recientemente. La Justicia ratificó que un extrabajador de la empresa Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) —dueña de marcas como San Jorge y La Preferida— no cometió ningún delito penal al quedarse con una transferencia millonaria recibida por una equivocación administrativa.

El hombre, que se desempeñaba como asistente de despacho con un sueldo de aproximadamente $500.000 pesos chilenos, recibió en su cuenta $165.398.851, una suma equivalente a 330 veces su salario.

Del compromiso de devolución a la renuncia

Al detectarse el error, el área de Recursos Humanos contactó al empleado, quien en un primer momento aseguró que iría al banco para gestionar el vale vista y devolver los fondos. Sin embargo, tras un breve intercambio de mensajes por WhatsApp, el trabajador dejó de responder, presentó su renuncia voluntaria a través de un abogado y desapareció con el dinero.

El fallo de la Justicia: ¿Por qué no hubo condena?

Tras un litigio de más de tres años, la Corte de Apelaciones de Santiago y el 1º Juzgado de Garantía desestimaron las acusaciones de la empresa basándose en los siguientes puntos técnicos:

• Inexistencia de dolo: El tribunal determinó que no hubo engaño, fraude ni manipulación del sistema por parte del trabajador. El depósito fue un acto voluntario y unilateral de la propia empresa.
• Vacío legal en la figura penal: La defensa argumentó que, si bien la conducta puede ser cuestionable desde la ética o la moral, jurídicamente se encuadró como una «apropiación no autorizada», figura que no está tipificada como delito penal en Chile ante la falta de una maniobra fraudulenta previa.
• Rechazo al «hurto por hallazgo»: En su último intento, la firma intentó imputarlo bajo esta figura, solicitando 540 días de prisión. No obstante, la justicia rechazó el recurso de nulidad, cerrando definitivamente la vía penal.

El futuro del botín millonario

Aunque el extrabajador ya no arriesga penas de cárcel ni antecedentes penales, el conflicto podría no haber terminado. La empresa Cial evalúa ahora iniciar acciones en el fuero civil bajo la figura de «pago de lo no debido» o «enriquecimiento sin causa», con el objetivo de intentar recuperar el capital, aunque en esta instancia el proceso no implica sanciones privativas de la libertad para el demandado.