Así aseguran medios nacionales. El informe en la nota.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el restablecimiento de la resolución 956/2018, conocida como «Doctrina Chocobar», que permite a las fuerzas federales utilizar armas de fuego sin dar la voz de alto. La medida, implementada durante el gobierno de Mauricio Macri, fue derogada por la administración anterior.

Bullrich encabezó una conferencia de prensa junto al Secretario de Seguridad, Dr. Vicente Ventura Barreiro, y al jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, para anunciar la vuelta de esta polémica normativa. La ministra afirmó que la decisión busca «proteger a quienes nos protegen».

La resolución 956/2018, suspendida por la exministra Sabina Frederic en 2019, otorga a las fuerzas de seguridad la autorización para utilizar armas letales sin dar la voz de alto en situaciones donde el empleo de armas sea necesario. El reglamento establece excepciones en casos donde la acción pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas, o cuando se pusiera indebidamente en peligro la vida o integridad física de los agentes.

El protocolo habilita el uso de armas letales «cuando resulten ineficaces otros medios no violentos», en defensa propia o de terceros ante peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente.

Cabe destacar que la medida no aplicará a manifestaciones o protestas públicas, ya que continuará vigente la normativa que establece el uso de armas no letales en esos casos.

La decisión de Bullrich revive la figura de la «Doctrina Chocobar», nombrada así en referencia al policía Luis Chocobar, condenado por el crimen de un delincuente en La Boca en 2017. Bullrich respaldó abiertamente a Chocobar, y la reunión de la ministra con él el mes pasado generó controversia.

En medio de este anuncio, la Justicia Federal dictó una medida cautelar contra el «protocolo antipiquetes» de Patricia Bullrich y exhortó al Ministerio de Seguridad a «adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho». La medida cautelar fue presentada solicitando la inconstitucionalidad del protocolo por Celeste Fierro, legisladora porteña del Movimiento Social de los Trabajadores (MST).