La reciente decisión del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi de blindar la permanencia del fiscal Eduardo Taiano en la causa $LIBRA marca un nuevo capítulo en lo que diversos sectores denuncian como una justicia selectiva y cómplice. Al rechazar el apartamiento del fiscal, el magistrado no solo desestimó las pruebas de inacción presentadas por la querella, sino que ratificó un esquema donde los acusadores públicos pueden frenar investigaciones estratégicas sin enfrentar consecuencias procesales.

Una Investigación Paralizada por Diseño

La querella, encabezada por Martín Romeo, había expuesto una serie de irregularidades que apuntan a una pérdida total de objetividad por parte de Taiano. En una causa donde los principales imputados son el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, la «objetividad» del fiscal ha quedado bajo la lupa por acciones (u omisiones) concretas:

• Bloqueo de Pruebas: El rechazo sistemático a realizar allanamientos y citar a testigos clave que podrían echar luz sobre la creación y promoción de la criptomoneda.
• Inacción Estratégica: Una parálisis deliberada en el impulso de medidas que comprometerían directamente a la cúpula del Ejecutivo.
• Dictámenes Contradictorios: Cambios de criterio que, según la querella, solo buscan dilatar los tiempos procesales y fragmentar la causa para debilitar la acusación.

El Argumento de la «Excepción» como Escudo

Para Martínez de Giorgi, estas críticas son meros «desacuerdos procesales». Al calificar la recusación como un mecanismo de «interpretación restrictiva», el juez establece una vara de cumplimiento casi imposible para cualquier querellante que intente cuestionar la parcialidad de un fiscal.

La resolución del magistrado resulta alarmante en sus fundamentos: afirma que los fiscales no deben cumplir con el mismo estándar de imparcialidad que los jueces. Bajo esta lógica, la «vindicta pública» puede actuar con una subjetividad funcional al poder de turno, siempre y cuando se disfrace de «facultades conferidas como director de la investigación».

El Mensaje Disciplinador: Costas a la Querella

En un gesto que busca desalentar futuros cuestionamientos a la actuación judicial, Martínez de Giorgi no solo rechazó el pedido, sino que impuso las costas del incidente a la parte denunciante. Este castigo económico envía un mensaje claro: cuestionar la inacción de un fiscal en causas que involucran al poder político tiene un costo alto.

Conclusión: Un Sistema de Auto-Protección

El respaldo de Martínez de Giorgi a Taiano no es un hecho aislado, sino una muestra del funcionamiento corporativo de la justicia federal. Al permitir que un fiscal cuestionado por su falta de impulso continúe al frente de una causa de tal sensibilidad institucional, el sistema judicial garantiza que la investigación del caso $LIBRA permanezca en un limbo jurídico, protegiendo la figura presidencial bajo el manto de la «discrecionalidad técnica».