La Ley del “imputado colaborador” ofrece media docena de delitos a los que podrían acogerse los siete detenidos.
Una de las herramientas inexploradas para saber qué ocurrió con el niño correntino Loan Danilo Peña -cuya desaparición ha monopolizado desde hace un mes la temática policial de la mayoría de los medios de comunicación- es la Ley del Arrepentido. Pese a que fue pensada para otro escenario, la letra de la Ley 27.304 contempla media docena de delitos que aplican al Caso Loan: corrupción de menores, prostitución y trata de personas, pornografía infantil, secuestro extorsivo, privación de la libertad y asociación ilícita.
Si se contempla la conducta de los fiscales y el juez provincial que intervinieron en la primera etapa de la investigación judicial se suma un séptimo delito: prevaricato, o sea “dictar resoluciones o sentencias con fundamentos falsos”.
El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, aceptó que debe contemplarse la oferta de convertirse en “imputado colaborador” para al menos los siete detenidos que tiene la causa.
Mientras encabeza una suerte de investigación paralela (que incluye rastrillajes, utilización de perros que detectan rastros humanos y viajes al exterior), Burlando reconoció que los presos tendrán “una vida miserable en la cárcel”.
Ante ese escenario, cualquiera de ellos podría verse tentado a contar lo que sabe a cambio de obtener una condena benévola, inferior a los 15 años de prisión (acaso más) en expectativa a la que se exponen.
Curiosas “filtraciones”
Las “filtraciones” del contenido de algunos de los teléfonos secuestrados a los detenidos parecen apuntar en esa dirección. Desde el jueves al mediodía circulan supuestos datos de los peritajes, lo que no debería estar pasando puesto que rige plenamente el “secreto de sumario” decretado por la jueza Cristina Pozzer Penzo.
Los peritajes sobre los teléfonos fueron encargados a expertos de la Policía Federal, una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Las “filtraciones” y la interpretación mediática de ellas parecen destinadas a acorralar, al menos en la opinión pública, al marino Carlos Pérez.
El informe “filtrado” no dice lo que trascendió: no se hallaron archivos de explotación sexual infantil; sí, en cambio, fotos y documentos que llaman la atención sobre la personalidad de Pérez, pero muy lejos de un delito tan aberrante.
Si, efectivamente, hubiera una red delictiva detrás de la desaparición de Loan, Pérez parece un candidato perfecto para acogerse a la Ley del Arrepentido, una norma que fue impulsada y sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2016.
La ley fue aprobada primero en el Senado y luego consiguió apoyo amplio en Diputados, gracias a la gestión del titular del Frente Renovador, Sergio Massa, y de un sector del peronismo que buscaba saldar cuentas internas con el kirchnerismo.
Autor: Néstor Espósito
Fuente: a24.com