Se trata de Miguel “El Brujo” Jiménez, Ramón Ocaranza, Pablo Ramírez y Eugenia Montes. Una querella requirió investigar a una testigo por el delito de falso testimonio.

   

En la jornada de ayer y en el marco del juicio que se sustancia por el crimen del niño “Marito” Salto, el tribunal integrado por los Dres. Alfredo Daniel Pérez Gallardo, Daniela Campos Nittinger y Luis Ariel Domínguez, escuchó las ampliaciones de indagatoria de cuatro de los nueve imputados que están siendo juzgados.
En primer término lo hizo Miguel Ángel Jiménez (a) “El Brujo”, quien está acusado de ser supuesto coautor material de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, y privación ilegítima de la libertad. Lo hizo para referirse a la vinculación que mantenía con la familia de la víctima, cómo colaboró con la búsqueda de “Marito” y cuando comenzó la investigación tras el hallazgo de sus restos. También aludió la actuación de personal policial y de un profesional que confeccionó un informe, para finalmente proclamarse inocente.
Luego, María Eugenia Montes, Ramón Ocaranza y Pablo Ramírez, quienes están acusados de encubrimiento agravado, hicieron un nuevo descargo verbal para desvincularse de la causa.

   Piden falso testimonio
A continuación, la querellante que representa a la madre de la víctima, María López, solicitó que en función del resultado del careo que se efectuó ayer entre su representada, Gladys Ramos y la testigo Débora Domínguez, el tribunal remita las actuaciones a la Fiscalía en turno, para que se investigue si la última de las mencionadas incurrió en falso testimonio. A dicho requerimiento se adhirieron los abogados defensores Miguel Torres y Manuel Chaves. 
En cambio, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que debe rechazarse la pretensión, por considerarla extemporánea.
En otro orden, los magistrados deberán pronunciarse en torno al listado definitivo de testigos que aún no comparecieron a declarar, pues existen posturas encontradas entre dos defensores particulares con respecto a la que sostienen la Fiscalía y la querella, que representa al progenitor del niño asesinado.