La jueza Loretta Preska hizo lugar al pedido de un fondo buitre que considera que la petrolera es un «alter ego» del Estado argentino y que opera en función de los gobiernos de turno.

En un hecho inédito, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó al Gobierno de Javier Milei entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios argentinos. El pedido incluía a Sergio Massa y a Luis y Santiago Caputo, pero luego retrotrajo su decisión a pedido de la defensa argentina.

La orden fue firmada por la magistrada del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Argentina ya enfrenta una condena por la que debe pagar u$s16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

La medida incluía en un primer momento al ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa, como también al asesor presidencial Santiago Caputo y el extitular de la Aduana, Guillermo Michel. Sin embargo, a pedido de los abogados argentinos la jueza pospuso la decisión sobre dichos nombres hasta tanto se lleve adelante un nuevo cruce de cartas.

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.

El argumento de Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera en función a los objetivos políticos del gobierno de turno.

Expropiación de YPF: Loretta Preska pidió mails y WhatsApps de Luis Caputo, Santiago Caputo y Sergio Massa

Ante el pedido de los fondos, la jueza Preska solciitó las comunicaciones de un grupo de funcionarios y exfuncionarios, entre los que inicialmente estaban el titular del Palacio de Hacienda y el actual asesor presidencial, una de las personas de mayor confianza de Milei, quien lo calificó recientemente como integrante del «Triangulo de hierro», un entorno integrado por Karina Milei, el asesor y el propio Presidente.

La jueza también exigió al Gobierno argentino que se incorpore a la medida al exviceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, y del exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.

De acuerdo a información divulgada en su cuenta de X por el titular de Latam Advisors, Sebastián Maril, la magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo «Wado» De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.

Causa YPF: la estrategia del fondo Burford Capital para embarcar activos argentinos

De acuerdo a información publicada por el diario Financial Times, la estrategia del fondo inglés Burford es apuntar contra el Estado argentino con el objetivo de avanzar con el embargo de sus activos. Allí entrarían en la mira la empresa estatal Aerolíneas Aerolíneas, el Banco Central y el Banco Nación.

Los abogados de Burford, según lo consignado por el medio internacional, indican que las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado. Ese factor convertiría a las entidades como propiedad del Estado e «indistinguibles de él». En diversas presentaciones realizadas en las cortes, los abogados argentinos negaron que se tratasen de organismos con carácter «alter ego» y que la Justicia de Estados Unidos ya los calificó como «operacionalmente separados del Estado».

A principios de año, la compañía de fondos inglesa le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012. La solicitud se sustentaba en ese entonces en el incumplimiento del fallo que obliga al país a abonar u$s16.100 millones por la expropiación.

Burford actualmente posee los derechos de litigio dado que le compró la potestad a Petersen, accionista minoritario de YPF, por el 61% de sus tenencias. Según precisó el fondo en un escrito, luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores. Por lo tanto Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio. En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derecho de litigio.

Argentina tendrá plazo para abonar los u$s16.000 millones hasta el 14 de diciembre de este año. En caso de que esto no ocurra, el fondo inglés podrá decidir cómo cobrarse la deuda. Si las partes no llegan a un acuerdo, la jueza será quien decida.