El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero ha iniciado el juicio contra el exintendente de Pinto, departamento Aguirre, Emilio Rached, junto a la exsecretaria de Economía, Ana María Vera, y el empleado municipal Diego Kemel. Los tres están siendo juzgados por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad.
Causa y Acusación
El caso se centra en la supuesta irregularidad en la administración de fondos nacionales destinados a la Comuna de Pinto para la ejecución de obras públicas:
- Fondos Enviados: La Secretaría de Infraestructura Urbana de la Nación había enviado a la Municipalidad $44.325.199,60 de un total previsto de $80.000.000.
- Fondos Rendidos: Solo se habrían rendido $39.813.018,10, dejando un faltante de $4.511.881,40 que no fue justificado pese a la intimación.
- Obras Afectadas: Los fondos estaban destinados a mejorar la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en barrios como España, San Martín, El Tigre y Libertad, además de la construcción de un polideportivo y un sistema de desagües cloacales para la ciudad. Parte de estas obras no habrían sido concretadas.
La Fiscalía Federal expuso un total de 70 actos supuestamente irregulares en su requisitoria de elevación a juicio.
Responsabilidades Legales
El procesamiento de los imputados fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en 2021. La resolución judicial fue contundente respecto a la figura de la malversación:
«Malversar es invertir mal, distraer los fondos de su destino o darles una indebida aplicación… se advierte que de manera correcta el Sr. juez instructor entendió que los imputados Rached y Vera habrían dado parte de los desembolsos efectuados por el Estado Nacional para la ejecución de las obras públicas acordadas, un destino distinto al que fuera convenido…»
La Cámara estableció que Rached, como intendente, tenía la responsabilidad directa en la administración, ejecución y supervisión de las obras, debiendo resguardar el manejo transparente de los fondos públicos. Vera, como secretaria de Economía, era la responsable directa sobre la administración de los fondos y debía garantizar la legalidad en la ejecución.
La ronda de testigos ante el tribunal, integrado por los doctores Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Carina Farías, está prevista para comenzar hoy.